El Gobierno de Sarkozy pretende expulsar a 27.000 irregulares para luchar contra el desempleo

• Francia se ha marcado como objetivo expulsar a 27.000 irregulares
• La crisis económica obliga a Sarkozy a limitar la inmigración laboral en Francia
• El Elíseo limitará las regulaciones y luchará contra las mafias
• Se trata de una nueva 'hoja de ruta' en materia de inmigración

Francia fija una nueva 'hoja de ruta' en materia de inmigración que limite la contratación de extranjeros.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, considera que en el actual contexto de crisis económica, y teniendo en cuenta que la tasa de paro de los extranjeros no comunitarios es del 22%, se limitará la inmigración laboral.

"La prioridad absoluta debe ser que el empleo vuelva a las personas que se ven privado de él en Francia", ha señalado el jefe del Estado galo en una carta firmada también por el primer ministro, Franois Fillon, sobre los objetivos de la política migratoria remitida al titular del Departamento, Eric Besson, fechada el 31 de marzo y difundida por el Elíseo.

Así pues, pide que sólo se recurra a la emigración laboral en dos casos concretos. En primer lugar, cuando las empresas se enfrenten a un problema "estructural, duradero y cierto" de mano de obra en el mercado laboral francés y comunitario, "evitando cualquier exclusión de las personas privadas de empleo en el mercado francés".

En segundo lugar, cuando se trate de personas cuya entrada en Francia se compruebe que será "favorable" para el dinamismo económico y la creación de empleo en el país. Además, Sarkozy reclama que la inmigración profesional se tenga en cuenta desde el punto de vista estadístico en todas sus formas: trabajadores extranjeros, trabajadores temporales y fichas de 'competencias y cualidades'.

En el "corazón" de esta política tiene que situarse la promoción  de la identidad nacional y por lo tanto, llevar a cabo un trabajo "abierto y sin tabúes" de reafirmación de lo que significa hoy "ser  francés", que se debe dirigir tanto a los inmigrantes como a los  franceses.

Sarkozy quiere disponer este año de estadísticas mejores sobre inmigración e integración que proporcionen una estimación  coherente del saldo migratorio y de la contribución de esta población en la economía y la sociedad francesa.

Los irregulares deben abandonar Francia

Sarkozy también ha recordado en la misiva que la nación francesa es "mestiza"  y que la inmigración es una fuente de riqueza permanente de la  identidad nacional o que 100.000 extranjeros adquieren cada año la  nacionalidad francesa.

Entre las prioridades que se fijan en esa 'hoja de ruta' figura igualmente reforzar la lucha contra la inmigración irregular insistiendo especialmente en la represión del tráfico de personas. En este sentido, subraya que las regularizaciones deben mantener un caracter "excepcional" y los irregulares deben de abandonar Francia o ser expulsados.

Así, el objetivo a alcanzar es de 27.000 expulsiones o regresos voluntarios y hacer más eficaz el instrumento del retorno voluntario, mecanismo al cual se acogió un tercio de los irregulares en 2008 para volver a sus países de origen. Además, pretende que se estudien todas las iniciativa que optimicen el uso biométrico para reducir el fraude en la concesión de visados de corta duración.

Contra las mafias

El combate contra las mafias también se reforzará y para ello habrá que superar el número de 4.300 detenciones registrado en 2008 y alcanzar este año la cifra de 5.000. Otro objetivo cifrado será el de aumentar a un mínimo de 1.500 el número de operaciones conjuntas de control para reprimir la contratación de mano de obra ilegal. De igual forma, tendrá que buscarse un "equilibrio" entre inmigración profesional y familiar y luchar contra los matrimonios de conveniencia.

Otra de las prioridades será poner en marcha una nueva política de integración --a la vista de que las que se han aplicado desde hace 30  años no han conseguido sus objetivos--que descansará en tres pilares:  compartir la lengua francesa y los valores republicanos, el trabajo y  la vivienda.

Las metas de esta política tendrán que debatirse en el Parlamento  anualmente a partir de 2010 basándose en un informe del Gobierno  sobre las capacidades de acogida del país en materia de empleo y  vivienda.