César Alierta se sienta en el baquillo por su enriquecimiento cuando presidía Tabacalera

• El fiscal anticorrupción pide para el actual presidente de Telefónica cuatro años y medio
• La Audiencia de Madrid juzga si usó información privilegiada en la compra de acciones
• La operación, en la que participó su sobrino, se saldó con 1,86 millones de euros de beneficio
• En aquella época, 1997, la tabaquera estaba inmersa en importantes operaciones
• El juez archivó el caso al considerar prescrito el presunto delito, lo que debe probarse ahora

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de este martes al presidente de Telefónica, César Alierta, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera cuando estaba al frente de esa empresa, una operación que se saldó con 1,86 millones de euros de beneficios.

Tras numerosos vaivenes en los tribunales, el caso Tabacalera o caso Alierta entra en su fase definitiva con la apertura del juicio oral a quien ahora preside la mayor multinacional y para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cuatro años y medio de cárcel.

En concreto, el fiscal Alejandro Luzón acusa a Alierta de haber llevado a cabo un "plan para aprovechar la información" privilegiada para comprar acciones antes de Tabacalera cuando se estaba negociando una importante adquisición (la tabaquera estadounidense Havatampa), entre otras medidas llevadas a cabo bajo su dirección en el 2007. En ese año, las acciones de la empresa recién privatizada se revalorizaron un 113%, el triple que la media de la Bolsa española.

En el banquillo también se sentará el sobrino de Alierta, Luis Javier Plácer, para el que se solicitan cuatro años de prisión. La esposa de Alierta, imputada en el anterior proceso, no será juzgada en esta ocasión. Los tres invirtieron 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) en títulos de Tabacalera, cuya venta a través de la sociedad Creaciones Baluarte les reportó unas plusvalías de unos 310 millones (1,86 millones de euros).

La defensa de Alierta y Plácer siempre ha sostenido que no existió delito de información privilegiada, argumentando que algunos datos que afectaron a la cotización de Tabacalera (Altadis tras su fusión con la tabacalera francesa) eran conocidos públicamente, como la subida del precio del tabaco. Los hechos también fueron investigados de oficio por la CNMV y archivados, tras no hallar este organismo especializado en mercado de valores irregularidad alguna en las actuaciones

Cuestión de plazos

La Sección 17 de la Audiencia Provincial, presidida por Manuela Carmena Castrillo y con el magistrado José Luis Sánchez como ponente, será la encargada de celebrar el juicio.

El juicio oral comenzará un año después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, terminara la instrucción del caso y remitiera a la Audiencia Provincial de Madrid los trece tomos con los 4.363 folios de los que consta la causa para que celebrara juicio.

En el año 2005, después de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid decretara en noviembre de 2005 "el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por prescripción" de los delitos al sobrepasar el plazo de cinco años entre su presunta comisión y la presentación de la querella en noviembre del 2002. Esa decisión fue rectificada a mediados del 2007 por el Tribunal Supremo, lo que devolvió la causa a los Juzgados de Instrucción.

El Supremo precisó que la cuestión de los plazos de prescripción debe ser fijada precisamente en este juicio, pues las compras y ventas de acciones se produjeron endistintas fechas (algunas dentro de ese plazo de cinco años); e incluso porque pudiera ser de aplicación un plazo mayor, de diez años, si se considera que hubo perjuicio para el interés general.