El fiscal mantiene la petición de cuatro años y medio para Alierta al acabar el juicio del 'caso Tabacalera'

• El fiscal considera "acreditado" que Alierta compró acciones con información privilegiada
• La defensa del actual presidente de Telefónica pide anular el juicio por defecto de forma
• En efecto, está pendiente resolver la cuestión previa de si el presunto delito ha prescrito
• La clave es si se considera un delito agravado por haber afectado al "interés general"
• El Ministerio Público también pide cuatro años para el sobrino y "testaferro" de Alierta
• La familia ganó más de 300 millones de pesetas en la operación en el año 1997

César Alierta, durante el juicio en la Audiencia de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio al presidente de Telefónica, César Alierta, por el presunto uso de información privilegiada para enriquecimiento personal cuando dirigía Tabacalera en 1997.

La fiscalía ha mantenido la petición de cuatro años y medio de prisión para Alierta y otros cuatro para su sobrino Luis Javier Plácer, el otro acusado en este proceso que ha acabado ya de madrugada tras casi nueve horas de sesión.

Este miércoles, en la cuarta jornada del juicio oral --que Alierta ha calificado en su alegato final como "fácil"--, las partes han presentado sus conclusiones.

Frente a las defensas, que han pedido la absolución de los dos acusados, el fiscal ha vuelto a considerar "acreditado" que ambos se valieron de información privilegiada en dos operaciones, de las que el mercado sólo tenía "rumores", para comprar títulos de Tabacalera.

El fiscal Alejandro Luzón ha dicho que "todo el diseño de la operación apunta a que Plácer era el testaferro de Alierta" y, por tanto, un "mero instrumento de su tío para obtener un beneficio" final de 309 millones de pesetas (1,86 millones de euros).

En su opinión, ese comportamiento, que trataron de ocultar a través de una "enrevesada" operación, supuso un grave perjuicio para los intereses generales porque dañaron la credibilidad del mercado, sobre todo si se tiene en cuenta el cargo que ocupaba el acusado. Por ello, el fiscal pide que el tribunal les aplique a los dos acusados el subtipo agravado del delito de uso de información privilegiada.

¿Daño al interés general?

La defensa ha acusado al fiscal de "cambiar los hechos y tergiversarlos". En su opinión, el mercado ya conocía esa supuesta información privilegiada: las negociaciones para comprar la tabaquera estadounidense Havatampa y la subida del precio de las cajetillas en España.

Además de rechazar que la cotización de Tabacalera se disparara en la última parte de 1997 por esos dos factores, el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo ha negado que el comportamiento de Alierta y Plácer hubiera podido afectar a los intereses generales, ya que las ganancias obtenidas "en modo alguno pueden tener repercusión en la economía nacional, y menos de carácter grave".

"Supone un sarcasmo doloroso y sin fundamento haber sentado en el banquillo a Alierta y haberle acusado de poner en juego la prosperidad del país", declaró el letrado.

El aboado de Plácer, letrado Nicolás González Cuéllar, ha argumentado también que al no dañar los intereses generales, no se puede aplicar el subtipo agravado del delito, de modo que el delito ha prescrito.

De hecho, la sentencia de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas, que reclamaron que se declare prescrito el delito o que se anule el juicio, ya que en su opinión el fiscal no podía ejercer la acción penal al no haber afectados ni perjudicarse el interés general.

Proceso largo

La presidenta del tribunal, Manuela Carmena, ha expresado su confianza en emitir la sentencia lo "más rápidamente posible". A la espera de los posibles recursos, se pondrá fin a un proceso que inició a finales del 2002 una querella de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (Auge), que luego desistió.

El caso Tabacalera ha sufrido numerosos vaivenes, ya que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid decretó en noviembre de 2005 "el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por prescripción" de los delitos, aunque la decisión fue rectificada a mediados de 2007 por el Tribunal Supremo, lo que devolvió la causa a los Juzgados de Instrucción.

Durante el juicio, las defensas de Alierta y Plácer presentaron seis peritos y siete testigos que avalaron sus argumentos, en tanto que el fiscal Alejandro Luzón pidió que declarara un perito y tres testigos.

No obstante, la principal declaración correspondió a César Alierta, que aseguró que no compró "ni una acción de Tabacalera ni directa ni indirectamente" en el año 1997, por lo que consideró que no hubo "ninguna utilización de información privilegiada" en beneficio propio.

Además, afirmó que no comentó "con nadie" los movimientos estratégicos llevados a cabo por la empresa tabaquera de la que era presidente, ni dio recomendaciones de inversión a ningún miembro de su familia.

Por su parte, Plácer sostuvo que fue su gestor el que tomó la decisión de adquirir títulos de la empresa sin que mediara ninguna recomendación.