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Corbacho estudiará ayudas para que los parados rumanos puedan regresar a su país

  • El ministro de Trabajo asegura que estudiará la viabilidad de la medida
  • El Gobierno de Rumanía ha pedido un millón de trabajadores
  • Hasta el 31 de marzo 71.000 rumanos se han quedado en el paro en España

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Los rumanos en paro que quieran volver a su país podrían recibir ayudas del gobierno español

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que su gabinete pedirá "informes jurídicos" para conocer  la viabilidad de implantar una ayuda económica para que los  inmigrantes rumanos que han quedado en desempleo, unos 71.000 a 31 de  marzo, puedan retornar a su país si así lo desean. "Si podemos  habilitar alguna fórmula, lo haremos", asegura.

Corbacho se encuentra de visita oficial a Rumanía, donde firmará dos "memorandos de  colaboración" con el Ejecutivo de Bucarest para por un lado,  favorecer que el Servicio Público de Empleo Estatal español ofrezca a  los inmigrantes rumanos trabajo en su país y, por otro, se facilite  la cooperación entre los servicios de inspección laboral de ambos  Estados.

Según explica, aunque el levantamiento de la moratoria que ponía  trabas al trabajo por cuenta ajena de rumanos y búlgaros en España  "no ha tenido efecto llamada", en el primer trimestre de este año el  número de parados entre el colectivo de Rumanía se incrementó en unas  30.000 personas, pasando de 44.000 en diciembre de 2008 a los cerca  de 71.000 que a finales de marzo no tenían trabajo.

 Este hecho, sumado a las demandas de Rumanía, cuyo Gobierno estima  necesitar un millón de trabajadores para compensar la pérdida de  población activa derivada de la emigración que ha experimentado en  los últimos años, ha impulsado al Ministerio de Trabajo a sopesar la  posibilidad de ofrecer ayudas económicas en el marco de los convenios  bilaterales que ahora se suscriban y con apoyo de los fondos  europeos.

En la actualidad, los rumanos no pueden acogerse al Plan de  Incentivo al Retorno Voluntario en vigor, porque su condición de  ciudadanos europeos y la libertad de movimiento por el Espacio  Schengen que de ello se deriva es incompatible con el requisito de no  regresar a España en al menos cinco años que impone el decreto de  retorno para quienes reciban la prestación.

En total, unos 718.000 rumanos tienen tarjeta de residencia y  253.000 de ellos están dados de alta en la Seguridad Social. Según  Corbacho, "al final, será una comunidad importante asentada en  España", aunque existen "más de 30.000 personas" que se encuentran en  el paro y ya no reciben prestación y que podrían estar interesados en  recibir apoyo económico para abandonar el país. A estas personas iría  dirigida esta medida sobre la que el ministro también consultará al  Gobierno de Rumanía, "por si quisieran poner ayudas para que vuelvan  sus emigrantes".