Acusan al Ejecutivo de Gordon Brown de utilizar dinero público en sus gastos personales
- El presidente británico se enfrenta a una nueva polémica, destapada por la prensa
- Entre las revelaciones figura una factura de Brown de 7.366 euros pagada a su hermano
- The Daily Telegraph apunta a varios ministros y pide una reforma urgente del sistema
El Gobierno británico de Gordon Brown está sumido en otra polémica al revelarse el alcance de los compensaciones económicas disfrutadas por los ministros, entre ellos una factura pagada al hermano del 'premier' por servicios de limpieza en su piso.
Bajo el titular de 'La verdad sobre los gastos del gabinete', el periódico The Daily Telegraph publica este viernes los detalles de las aportaciones que recibieron varios miembros del Gobierno, como el pago del impuesto municipal o la decoración de viviendas a cuenta del contribuyente británico.
El rotativo dice que esto pone de manifiesto que los políticos han explotado el sistema de gastos para costear su estilo de vida.
El artículo sale publicado en momentos en que el apoyo del electorado al Gobierno laborista de Brown cae cada vez más a tan sólo un año de la convocatoria de elecciones generales.
Entre las revelaciones figura una factura por valor de 6.577 libras (unos 7.366 euros) pagada por Brown a su hermano Andrew por los servicios de limpieza en un piso que tiene en Londres y correspondiente al periodo entre 2004 y 2006.
Según los detalles, los hermanos compartían una asistenta para sus respectivos pisos en Londres, pero los pagos los hacía Andrew Brown y el primer ministro le pagaba éste la parte que le correspondía por las tareas realizadas en su vivienda.
Downing Street defiende la actuación de Brown
En un comunicado, la residencia oficial británica de Downing Street ha afirmado que Brown actuó de acuerdo con las directrices que regulan las compensaciones de los parlamentarios.
"En relación a los servicios de limpieza, Gordon y Andrew Brown empleaban a una limpiadora para que trabajase para los dos, la mayor parte para Gordon Brown. Los pagos los hizo directamente Andrew Brown a ella por el trabajo en ambos pisos. Gordon Brown le devolvió su parte. Por supuesto que Andrew Brown no recibió ningún beneficio financiero", puntualiza la nota oficial.
No obstante, el periódico se pregunta por qué el primer ministro no saldó las facturas directamente con la empleada.
Otra de las aportaciones corresponde al ministro de Justicia, Jack Straw, quien obtuvo un 50% de descuento de su impuesto municipal, pero reclamó al Parlamento que se le pagase el importe total, estimado en 1.500 libras (unos 1.680 euros) al año.
Además, el periódico agrega que el ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, gastó altas sumas en jardinería para la casa que tiene en su circunscripción de South Shields, noreste de Inglaterra, lo que llevó al mismo jardinero a preguntarle si merecía la pena gastar tanto dinero en plantas "teniendo en cuenta el relativo corto periodo de tiempo que usted estará allí".
La ministra para las Comunidades, Hazel Blears, gastó casi 5.000 libras (unos 5.605 euros) en muebles en pocos meses, después de comprarse un tercer piso en la capital británica.
Entre otras cosas, The Daily Telegraph dice que el ministro de Cultura, Andy Burnham; la viceministra para Europa, Caroline Flint, y el ministro para Gales, Paul Murphy, compraron pisos pero reclamaron los gastos de escritura y de mudanza.
Piden una reforma urgente del sistema
El rotativo resalta que las reglas sobre el sistema de gastos son poco rigurosas y difíciles de interpretar, pero el principio fundamental es que el gasto sólo puede hacerse si está relacionado "necesaria y exclusivamente" con el trabajo del parlamentario.
Pese a todo, el Daily Telegraph afirma que otros diputados no reclaman tantas cantidades, como el ministro de Energía, Ed Miliband, que pidió el pago de 6.300 libras anuales (unos 7.056 euros) por el alquiler de una vivienda modesta y el titular de Medio Ambiente, Hilary Benn, reclamó sólo 147 libras (unos 164 euros) en comida.
El artículo pone de manifiesto la necesidad de una reforma urgente del sistema ante el temor de que el gasto del dinero del contribuyente no sea supervisado adecuadamente.