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El Tribunal Supremo de EE.UU cierra la puerta a las demandas contra altos cargos por el 11-S

  • El Tribunal Supremo rechaza una demanda por malos tratos a un detenido tras el 11-S
  • La demanda, interpuesta por un pakistaní, había prosperado en primera y segunda instancia
  • Los altos cargos no tendrán que responder por su política de detenciones
  • La responsabilidad queda limitada a los escalones inferiores

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado en contra de una demanda contra altos cargos de la administración Bush por supuestos malos tratos a un detenido tras los atentados del 11-S.

El ciudadano pakistaní, Javaid Iqbal, fue detenido y aislado durante seis meses en Nueva York en el año 2002. Iqbal asegura que fue sometido a maltrato físico y verbal durante su confinamiento por motivos étnicos y religiosos. Iqbal demandó al ex fiscal general -equivalente a nuestro ministro de Justicia-, John Ashcroft, y al ex director del FBI, Robert Mueller.

La cuestión de fondo es la responsabilidad de los altos cargos en la política de detenciones. Un tribunal de apelaciones sentenció en 2007 que los abogados de Iqbal podían reclamar información sobre el grado de conocimiento que tenían Ashcroft y Mueller sobre las medidas adoptadas en contra de los detenidos tras el 11-S.

El dictamen sienta precedente

La decisión del Supremo cierra esta vía y da la razón a la administración Bush, que argumentaba que no existía conexión alguna entre los altos cargos y los supuestos malos tratos. En otras palabras, limita la responsabilidad a los escalones inferiores ya que el demandante no demuestra que sus superiores conocieran o alentaran la discriminación.

Durante las semanas posteriores al 11-S, las autoridades estadounidenses detuvieron a 762 ciudadanos extranjeros, en su mayoría musulmanes o árabes. Muchos de ellos fueron confinados en la prisión federal de Brooklyn y según la inspección del departamento de Justicia, sufrieron malos tratos físicos y verbales.

Iqbal fue arrestado por tener documentación falsa. Se declaró culpable en 2002 y fue liberado y deportado a Pakistán al año siguiente. Interpuso la demanda en 2004.