Zapatero aboga por evitar "interferencias" a la hora de decidir abortar

• El presidente dice que el proyecto pretende "normalizar" la legislación española
• Zapatero señala que el límite de 16 años para abortar es habitual en Europa
• Añade que "debe primar la voluntad de la mujer" a la hora de decidir

El Gobierno no parece dispuesto a cambiar el proyecto de Ley del aborto

 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abogado por evitar "interferencias" que puedan resultar determinantes a la hora de que una mujer decida "libremente" si desea o no continuar con su embarazo.

 

Ese es el argumento que defiende Zapatero al ser preguntado por la disposición del Gobierno a negociar el tope de edad a partir del cual las mujeres precisen del consentimiento de sus progenitores para poder abortar.

 

En una rueda de prensa junto al presidente de la República Dominicana, Zapatero ha insistido en que el proyecto de ley pretende "normalizar" la legislación española y acercarla a la que impera en la mayoría de países de la Unión Europea.

 

Esa reforma busca "que también en ésto seamos plenamente europeos", afirma el presidente, para quien el nuevo texto otorga más garantías a las mujeres a la vez que refuerza las políticas de educación sexual para reducir el número de embarazos no deseados y, por tanto, de abortos.

Primar la voluntad de la mujer

 

El presidente alega que la barrera de los 16 años es "habitual" en las legislaciones europeas, porque al tomar esa decisión "debe primar la voluntad de la mujer" y la ley debe respetar "su intimidad".

 

Se muestra convencido de que en la mayoría de situaciones las mujeres comparten esa decisión "con quien estimen conveniente, sus padres, sus amigos, sus hermanos...", pero en caso de que no sea así, la ley debe garantizar que la decisión sea "de ellas".

 

Argumenta que ese es el razonamiento de los expertos y también la referencia de las legislaciones de países "que tienen más experiencia que nosotros" en el intento de armonizar los derechos de la madre con la protección de la vida.

 

La ley, ha sentenciado, se basa en una opción "de confianza" en las mujeres y en la necesidad de que, en presupuestos excepcionales, se eviten "interferencias" que puedan ser "determinantes" en su decisión.