La ONU, preocupada por el enfrentamiento de Chávez con el canal crítico Globovisión

• Chávez acusa al canal de "terrorismo mediático" y abre una investigación contra él
• La policía allanó una vivienda del presidente de la cadena por tener coches de lujo
• Globovisión denuncia que son ataques por su línea editorial crítica con Chávez
• La ONU y la OEA denuncian el "ambiente de intimidación" a la libertad de expresión
• El Gobierno venezolano acusa de parciales a ambos organismos internacionales

Chávez contra el canal crítico Globovisión

La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) han mostrado su preocupación por las recientes declaraciones del Gobierno venezolano contra el canal de televisión Globovisión, al que acusa de "terrorismo mediático", y otros medios privados en ese país. El enfrentamiento con Globovisión se ha agravado en los últimos días después de que la policía venezolana allanara una vivienda del presidente de la cadena en Caracas.

El allanamiento -que fue retransmitido en directo- se produjo el pasado jueves por la noche (madrugada del viernes en España) y, según el comisario Flores, fue ordenado porque en esa residencia "fue detectado un lote importante de vehículos -en concreto 26- que se encuentran en estado de ocultamiento". Algunos vehículos fueron requisados.

El registro derivó en un enfrentamiento entre los funcionarios y los abogados del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, que denunciaron la "ilegalidad" del allanamiento.

Por su parte, Zuloaga afirmó que no tenía nada que temer ni que ocultar por y se preguntó si es que "al Gobierno le molestan mis posiciones y busca algo con que tratar de callarme". Añadió que los coches estacionados en su casa pertenecen a dos compañías distribuidoras de vehículos de su propiedad que tienen sus sedes principales en Valencia, a 120 kilómetros de Caracas, y que cumplen todos los extremos legales.

¿Represalia oficial?

Zuloaga dijo desconocer si la acción policial era una represalia oficial por unas recientes declaraciones suyas en contra del Gobierno, en un editorial de Globovisión, en el que se comprometió a seguir su "lucha contra el comunismo, que lo único que trae es ruina". Además, acusó al presidente venezolano, Hugo Chávez, de ejecutar políticas rechazadas en referendos, y de tener al legislativo y al judicial "totalmente" bajo sus órdenes.

Con ese editorial, Zuloaga respondió a la apertura la semana pasada de un nuevo proceso administrativo, el tercero en los últimos seis meses, por parte del ente regulador de las telecomunicaciones Conatel, con el argumento de que la cadena habría violado las normas que rigen el sector y que podría derivar incluso en la retirada de la licencia.

Por su parte, Chávez niega que se trate de una represalia y considera una "sorpresa" que la "casa de un ricachón" allanada por tener vehículos de lujo fuera la del dueño de un canal de televisión.

En declaraciones anteriores, el presidente venezolano dijo que algunos medios de su país ejercen el "terrorismo mediático" y no descartó que su Gobierno tome "una decisión" contra esas empresas. Representantes del canal afirman que no son terroristas y que se limitan a informar de manera crítica de la gestión del Gobierno.

En concreto, Conatel abrió la investigación después de que Globovisión retransmitiera una noticia sobre un seísmo que afectó a varias ciudades antes de que se diera información oficial, falta de información que también fue criticada. Para el Gobierno de Chávez, esto supone recurrir al "discurso de odio" con "fines desestabilizadores" y alega que la cobertura del terremoto generó "desconfianza del colectivo en las instituciones oficiales". 

Críticas de la ONU y la OEA por la falta de libertad de expresión

Estos hechos han llevado a la OEA y la ONU a denunciar, en un comunicado conjunto, que las declaraciones de las "más altas autoridades" del Ejecutivo de Venezuela "generan un ambiente de intimidación en el cual se ve seriamente limitado el derecho a la libertad de expresión".

Ambos organismos recuerdan a las autoridades venezolanas que, al igual que tienen el deber de hacer cumplir la ley y el derecho a responder las críticas que consideran injustas o engañosas, tienen la obligación de respetar la libertad de expresión, en particular la independencia editorial.

Los relatores hicieron un llamamiento al Gobierno de Chávez a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión y a proteger las garantías internacionales en los procesos contra los medios de comunicación privados, en este caso, contra Globovisión.

Además, respecto a la investigación abierta por Conatel, los relatores recordaron que los Estados "deben garantizar que los procesos administrativos o las facultades reguladoras no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio". 

El Gobierno de Chávez los acusa de parcialidad

Por su parte, la ministra venezolana de Comunicación, Blanca Eekhout, ha criticado que la OEA y la ONU se pronuncien sobre la postura del Gobierno con algunos medios de comunicación en Venezuela y no asuman problemas como el de la tortura en EEUU.

Eekhout vincula esa preocupación al allanamiento de la residencia en Caracas de Guillermo Zuloaga: "Estos organismos internacionales tienen que justificar delitos para poder defender a la oposición, porque obviamente lo que se descubrió ayer sería sancionable desde el orden capitalista en cualquier espacio".

La ministra afirma que esos organismos se preocupan por Venezuela, pero "no se pronuncian sobre el hecho de que se impida conocer al mundo las fotografías de las torturas que el gobierno de EEUU ha impedido que se publiquen". Por ello, considera que "lo que queda en evidencia es la poca credibilidad, la poca confianza y la ineficacia de estos organismos, que son incapaces de ver lo que está a simple vista", añadió la ministra.