Anticorrupción pide que se investigue el entorno de Obiang por un supuesto blanqueo de capitales

• En la investigación están incluidos familiares y ministros del presidente guineano
• Obiang es "total o parcialmente propietario" de una compañía implicada, según EE.UU.
• La Fiscalía apoya una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos
• La APDH pide que se verifique el origen y destino de 19 millones de euros
• Sostienen que el dinero se utilizó para comprar fincas en España

Anticorrupción pide que se investiguen las cuentas bancarias y las propiedades que Obiang habría adquirido en España

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una investigación por blanqueo de capitales en las cuentas e inversiones en España de un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, asi como de varios ministros, diversos ex ministros y familiares de éstos.

La Fiscalía se suma así a la querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y, en el marco de las diligencias, se ha reclamado a diferentes entidades bancarias, entre ellas el Banco Santander, la información sobre los movimientos y extractos bancarios de una cuenta abierta a nombre de la sociedad panameña Kalunga Company SA.

APDHE había solicitado a la justicia española que verificase el origen y el destino de 19 millones de euros que se trasladaron presuntamente a EE.UU. de manera ilegal al banco Riggs a través de una cuenta del banco Santander en las Islas Baleares, entre 2000 y 2003. La querella fue presentada en la Audiencia Nacional, pero el juez de este tribunal Baltasar Garzón se inhibió en favor de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

La querella se basa en un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre las actividades del Banco Riggs -el mismo en el que el dictador chileno Augusto Pinochet tenía varias cuentas-, en el que se decía que esta entidad había incumplido sus obligaciones anti-blanqueo en ciertas transacciones relacionadas con Guinea.

El Senado norteamericano añadía que los fondos de las cuentas de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs, "sin género de dudas, tenían su origen ilícito penal en la corrupción malversación practicada" en el país africano.

"En el transcurso de esa investigación se descubrió cómo, a lo largo de tres años, se habían realizado diferentes transferencias desde la Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial" en el banco "a una cuenta a nombre de la empresa Kalunga Company S.A. domiciliada en una sucursal del Banco Santander en Madrid por un valor de 26.483.982,57 dólares americanos", agrega la querella.

Adquirieron diversas fincas en España

La APDHE afirma que "este dinero 'lavado' habría sido utilizado por personalidades guineo-ecuatorianas y sus familias en beneficio propio para la adquisición de fincas en distintas provincias españolas".

La querella se dirige contra cuatro personas directamente relacionadas con el presidente guineano Teodoro Obiang: su hijo Gabriel Nguema Lima -viceministro de Minas, Industria y Energía- y la mujer de éste, Virginia Esther Maye Mba, y su cuñado Teodoro Biyogo Nsue -ex embajador en Estados Unidos y ante la ONU- y su esposa, Elena Mensa

También figuran como querellados el ministro de Minas, Industria y Energía, Marcelino Owono Edu; su mujer, Constancia Nchama Angüe; Miguel Abia Biteco, ex primer ministro del país africano; la esposa de éste, Dorotea Anita Roka Elobo; el ministro de Asuntos Exteriores, Pastor Micha Ondo Bile; su mujer, Magdalena Ayang, y el ex ministro de Minas Atanasio Ela Ntugu.

Según el Subcomité del Senado norteamericano, Kalunga Company S.A. "es total o parcialmente propiedad del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang", mientras que la "Cuenta de Petróleo" de la que procedían las transferencias tiene como personas autorizadas al mismo Obiang, a su hijo Gabriel y a su sobrino Melchor Esono Edjo.

El Banco Santander, según la querella, se ha negado a facilitar información sobre la identidad o los propietarios de la cuenta a nombre de Kalunga abierta en la sede central de la entidad en Madrid acogiéndose a la legislación española, que prohíbe facilitar ese tipo de datos.

La APDHE sostiene que los fondos procedentes del blanqueo de dinero se destinaron a la adquisición de dos propiedades en Las Palmas, otras tres en Móstoles (Madrid) y una en cada una de las siguientes localidades: Madrid, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (ambas en la Comunidad de Madrid) y Gijón (Asturias).