La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que ordene la detención de tres ex guardias de las SS

• Están imputados por un delito de genocidio cometido en los campos de concentración nazis
• Según la demanda, residían en estados Unidos, aunque se les ha retirado la nacionalidad
• La Fiscalía cree que la Audiencia es competente al haber víctimas españolas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se acuerde la prisión provisional y se dicte orden de detención internacional contra tres presuntos genocidas nazis imputados en la causa abierta a partir de una querella contra cuatro miembros del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por un presunto delito de genocidio y lesa humanidad que habrían cometido en tres campos de concentración entre 1942 y 1945.

El escrito, que está firmado por el fiscal Pedro Martínez Torrijos, solicita al juez Ismael Moreno la detención de Johann Leprich, de 84 años, Anton Tittjung, de 85, y Josias Kumpf, de 84, a fin de proceder a su entrega por parte de las autoridades Estados Unidos, donde residen actualmente. En relación con el cuarto imputado en la causa, Iwan Demjanjunk, la Fiscalía no solicita la entrega porque fue extraditado a Alemania.

"La instrucción practicada hasta el momento ha acreditado al menos indiciariamente la participación de los imputados en los hechos acaecidos en los campos de concentración nazis de Mauthausen,  Sachsenhausen y Flossenbürg durante la II Guerra Mundial", señala el escrito. Según los querellantes, en estos recintos estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.

Poder para ejecutar prisioneros

El informe del Ministerio Público hace referencia a la declaración testifical que realizaron en marzo pasado las víctimas de campo de Mauthausen Jesús Tello y Emeterio Ramiro Santisteban, que relataron al juez las condiciones en que vivieron durante su confinamiento y la forma de actuar de los guardias.

Según describieron, los vigilantes nazis "tenían obligación de disparar no sólo en caso de huída del prisionero sino también tenían la facultad de ejecutar a un prisionero si se acercaba a menos de seis metros de ellos". Además, relataron que "la administración del campo recompensaba a los guardias con un día de permiso con cada prisionero ejecutado".

El resto del escrito, que tiene diez páginas, relata la biografía de los tres presuntos genocidas y la actuación que habrían llevado a cabo en los campos de concentración. En concreto, en Mauthausen estuvieron destinados Leprich, nacido en Birk (Rumanía), y Tittjung,  natural de Erdud (Croacia), mientras que Kumpf, originario de Nova Pasova (Yugoslavia), desarrolló su labor en Sachsenhausen.

Víctimas españolas

El fiscal justifica la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar estos hechos porque se trata de "un delito de genocidio" en el que existe "un elemento de conexión" con la jurisdicción española, al tratarse de víctimas esta nacionalidad.

Según explica, la calificación jurídica de estos hechos "tampoco  frece dudas" tanto desde el punto de vista del derecho internacional y los precedentes jurisprudenciales del Tribunal de Nüremberg como desde la óptica del derecho español. "Los hechos constituirían un delito de genocidio. Existen numersos antecedentes en los que se enjuició a personas que ocuparon cargos de similar competencia que los querellados siendo condenados", insiste.

Asimismo, el fiscal admite "la inexistencia de precedentes en España en esta materia" pero matiza que "la argumentación utilizada en los juicios de Nüremberg no es ajena a las tesis sobre la autoría por cooperación necesaria o complicidad que utiliza el Tribunal Supremo". Al quedar acreditada la condición de los imputados como guardias Totenkompf y su actividad en los campos, según la Fiscalía, existirían "indicios racionales" de que habrían participado en estos hechos "al menos a título de cómplices en un delito de genocidio".

La querella fue presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración. Los cuatro imputados, que desarrollaron su  labor como guardias armados en los citados campos de concentración, se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial, aunque en los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales de dicha nación.