Perú suspende la ley que desató la ira indígena

• La oposición de izquierda y los nativos piden la derogación definitva de la ley
• El Gobierno encarga a la Iglesia la mediación con las comunidades rebeldes
• 24 policias y entre 9 y 40 nativos murieron en las protestas el fin de semana
• La Ley de la Selva ya fue declarada inconstitucional por el Parlamento
• Los indígenas, que siguen movilizados, denuncian que peligra su medio
• Lima dice que la norma, aprobada a instancias de EE.UU,  es sostenible

El decreto conocido como la Ley de la Selva, que ha provocado el rechazo frontal de las comunidades indígenas del Perú, ha sido suspendido durante 90 días por el Congreso después de los violentos sucesos del pasado fin de semana en los que murieron 24 policías y entre 9 y 40 nativos. La norma ya había sido declarada inconstitucional por el Parlamento.

Tras un debate de más de cinco horas, la medida fue adoptada por 57 votos contra 47 y una abstención.

La suspensión ha contado con el apoyo de los congresistas del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP, socialdemócrata), la alianza conservadora Unidad Nacional, la fujimorista Alianza por el Futuro y la independiente Alianza Nacional. Los legisladores del opositor Partido Nacionalista Peruano (izquierda) y de otros grupos minoritarios han rechazado la iniciativa y han pedido la derogación definitiva.

La Comisión de Constitución del Parlamento declaró la inconstitucionalidad del decreto el pasado 20 de mayo porque no se consultó con las comunidades nativas.

Además de suspender 90 días la norma, se ha repuesto la ley anterior mientras se estudian las modificaciones.

El Ejecutivo peruano ha planteado la conformación de un equipo de trabajo, integrado por la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, que se encargue de analizar la solución de las demandas indígenas a través del diálogo con sus dirigentes.

El Gobierno sostiene que la Ley de la Selva pretendía supervisar la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y la posibilidad de inversión extranjera, conforme al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en el año 2008. La ley también cumple otra condición impuesta por Washington: controlar que la madera comercializada no tenga origen ilícito.

No obstante, los indígenas denuncian que el 45% de las tierras comunales serán susceptibles de explotación por las multinacionales y que continuarán con la deforestación de la selva, poniendo en peligro a algunas comunidades aisladas.

Las comunidades amazónicas, congregadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se movilizaron con bloqueos de carreteras, oleoductos y ríos desde el 9 de abril hasta el pasado de fin de semana, cuando estallaron los enfrentamientos en la región de Bagua (norte).

El Gobierno acusa a los indígeneas del asesinato "brutal" de 24 policías, mientras todavía no está claro el balance de víctimas entre los manifestantes. El Gobierno solo habla de nueve muertos, aunque admitió que "puede haber más". Una ONG ha denunciado que las autoridades han hecho desaparecer cadáveres.

Acusado de instigar la revuelta, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, se refugió en la embajada de Nicaragua, que le ha dado asilo como "perseguido político".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) ha condenado la violencia pero también "la criminalización de la legítima movilización y protesta social".

Varias organizaciones internacionales, incluidas Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, han exigido una investigación sobre lo ocurrido.

El presidente de una de las regiones selváticas, la de San Martín, César Villanueva, presentó el lunes 100.000 firmas de ciudadanos para respaldar la inconstitucionalidad del decreto.

El presidente del Perú, Alan García, ha dicho que el Congreso siempre está dispuesto a hacer las "variaciones necesarias" a las leyes propuestas por el Ejecutivo.

Mientras tanto, los indígenas han anunciado que seguirán en huelga hasta la suspresión definitva de la ley, aunque han abandonado las acciones de fuerza.