Perú. Los decretos de la discordia

Mundo 24H - Los decretos de la discordia

En Perú hay más de 5.000 indígenas pertenecientes a cerca de 65 etnias distintas. Habitan, generalmente, en las provincias amazónicas y su medio de vida, en muchos casos, es la agricultura. Por eso, dicen, los decretos 1.090 y 1.064, los llamados "Decretos de la selva", son tan lesivos para ellos. Unas normas que el presidente peruano, Alan García, dictó en junio de 2008 en virtud a las facultades especiales que le concedió el Congreso para implementar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

Más del 70% del Amazonas peruano está dividido en concesiones para la exploración y la explotación petrolera y gasística, pero hasta ahora las comunidades indígenas tenían mucho que decir, de momento, sobre lo que se hace en esas tierras. El gobierno peruano dice que quiere que el país sea autosuficiente en el suministro interno de hidrocarburos para 2011. Sólo el año pasado, Perú produjo cerca de 50 millones de barriles de petróleo.

Los recursos naturales juegan un papel fundamental en la economía de un país que parece sortear los devastadores efectos de la crisis económica. El año pasado cerró con un crecimiento del 9,8% y las perspectivas del gobierno para este año son positivas. Pero el frágil equilibrio entre el respeto a los indígenas y el desarrollo económico parece que se ha roto con los textos de la discordia. Los indígenas llevan protestando contra esas normas desde hace más de dos meses pero las mesas de negociaciones no han ofrecido ningún resultado.

El decreto 1.090 establece las pautas para el manejo de los recursos naturales, y otorga al gobierno la facultad de conceder permisos de explotación petrolífera a compañías privadas extranjeras sin consulta previa a los habitantes de la zona. Hasta ahora, las compañías estaban obligadas a consultar a los organismos indígenas de la zona. Para los indígenas, se trata de un intento de privatizar sus tierras. Los decretos también establecen una nueva regulación de los recursos hídricos lo que hace temer por un encarecimiento del precio del agua, un recurso fundamental para el desarrollo de la actividad económica que sustenta a la mayoría de la población indígena.

La crisis ha supuesto un terremoto político a muchos niveles. Se ha quebrado la unidad del gobierno - la ministra de la Mujer ha dimitido en protesta por la gestión -, el Congreso ha suspendido los decretos de forma "indefinida", y ha sancionado por 120 días a siete parlamentarios opositores por protestar en el hemiciclo. Mientras, en los distritos amazónicos y en la capital del país, miles de personas salieron a las calles este jueves para exigir la derogación definitiva de las normas y para protestar por la actuación del gobierno.

Enfrentamientos violentos

La polémica sobre lo que ocurrió en el departamento de Bagua la semana pasada ha saltado también las fronteras de Perú: algunas organizaciones humanitarias como Human Right Watch (HRW) o Amnistía Internacional han criticado la actuación del Ejecutivo, mientras que también se han pronunciado otros gobiernos, como el mexicano o el belga, que ha solicitado a las autoridades peruanas una "investigación en profundidad e independiente" sobre los disturbios y ha condenado "todo acto de violencia desproporcionada". Las manifestaciones en varias regiones del globo, como Argentina, Chile, y también Madrid frente a las respectivas embajadas peruanas se han hecho notar.

La mayor tensión ha surgido con Bolivia. El ejecutivo peruano ha acusado al presidente Evo Morales de incendiar los ánimos de los indígenas peruanos y esto hace temer una crisis diplomática.   Mientras, para los indígenas, la suspensión "indefinida" de los decretos no es suficiente, y aseguran que seguirán con sus movilizaciones hasta que los decretos sean completamente derogados.