El Gobierno estudia a los presos de Guantánamo para que no se vulnere la ley

• Justicia busca una fórmula que disipe dudas sobre su situación jurídica
• El Ejecutivo quiere tener garantías de que no están acusados ni tienen antecedentes
• Interior será el que analice el estatus administrativo y diseñe la vigilancia 
• La Abogacía dice que deberán ser regularizados y gozar de libertad absoluta

El Gobierno ha comenzado ya a estudiar la fórmula jurídica que permitiría la acogida de los cuatro presos del penal de Guantánamo de los que Estados Unidos ha pedido que España se haga cargo y examinará con detalle cada uno de los casos para que no haya ninguna vulneración de la legislación española y se pueda dar con una fórmula que disipe cualquier duda sobre su situación jurídica, según fuentes del Ejecutivo.

Los expedientes aportados por el enviado especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried, indican que estos presos no tienen vínculos por actividades terroristas, por lo que son catalogados como "cleared for release" (exentos de cargos).

No obstante, el Ejecutivo quiere tener plenas garantías de que están libres de cualquier acusación, aunque aún está por concretar qué tipo de certificación adicional sería necesaria y si la tendría que expedir la Administración de Estados Unidos o los tribunales de este país, según las fuentes.

El Gobierno también quiere asegurarse de que los prisioneros no tienen antecedentes penales en ningún país de la UE, una directriz recogida en el plan comunitario para acoger reclusos de Guantánamo.

El Ministerio de Justicia es el que ha comenzado a examinar todos estos detalles, después de que Fried formalizara ayer, miércoles, la petición de ayuda en la reunión que mantuvo con representantes de este departamento y de los de Asuntos Exteriores e Interior.

Una vez que Justicia defina la fórmula jurídica de acogida, será el Ministerio del Interior el que analice el estatus administrativo más adecuado para estas personas y vea si sus casos se ajustan a la concesión de asilo político.

A Interior también le correspondería diseñar el mecanismo de vigilancia y observación al que estarían sometidos los presos dentro de un régimen de libertad.-

La Abogacía dice que deberán ser regularizados y gozar de libertad

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía ha asegurado que los cuatro presos "deberán ser regularizados a falta de la documentación oportuna y gozar, de esta forma, de libertad absoluta".

El vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, Fernando Piernavieja, ha afirmado que "si no pesa acusación alguna sobre los detenidos, son inocentes y deberían ser ciudadanos libres a su llegada a España".

Ha subrayado que debería concederse a los cuatro detenidos un estatus especial de refugiado político, "ya que no podrán volver a su país de origen por ser perseguidos o sometidos a penas de prisión o, incluso, de muerte".