La Fiscalía admite que la sentencia del TC impone "cierta limitación" para investigar a Sastre

• Aún así, la Fiscalía estudiará la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias
• Consideran que el dramaturgo incurrió en delitos de amenazas y colaboración con ETA
• Este escrito expone razones similares a las que fueron incluidas en la impugnación de II-SP
• El ministro de Justicia asegura que actuarán "al menor atisbo de incumplimiento de la ley"
• Hay dificultades para ilegalizar II-SP porque no se trata de un partido

La Fiscalía debe investigar si el cabeza de lista de Iniciativa Internacionalista ha cometido un delito

Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado tienen previsto emprender, por el momento, acciones contra Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) ni contra el que fuera su cabeza de lista, Alfonso Sastre, pese los apoyos que esta formación electoral tuvo por parte del colectivo Batasuna y a su reciente actitud tras el asesinato, el pasado jueves, del inspector jefe de la Policía Nacional Eduardo Puelles a manos de ETA.

No obstante, la Fiscalía estudiará en los próximos días la denuncia presentada contra Sastre por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que considera que el dramaturgo incurrió en delitos de amenazas y de colaboración con ETA por el contenido de un artículo de opinión publicado en el diario 'Gara' en el que augura que habrá "tiempos de de mucho dolor en lugar de la paz", si no se abre una negociación.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha reconocido que la sentencia del Tribunal Constitucionalque permitió a Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SS) concurrir a los comicios europeos le supone "cierta limitación" a la hora de investigar la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra Sastre.

Conde-Pumpido ha recordado que cuando la Fiscalía impugnó la candidatura de II ya presentó como indicio un artículo "similar" firmado por Sastre que, en opinión del Ministerio Público, "acreditaba la vinculación de esa candidatura con ETA". Sin embargo, la impugnación fue aceptada por el Supremo pero no por el Constitucional.

Caamaño dice que tomarán "todas las medidas"

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el Gobierno tomará "todas las medidas necesarias" contra la formación "al menor atisbo de incumplimiento de la ley".

"La Fiscalía, si existe algún ilícito, no tengan ninguna duda de que actuará, como lo hace siempre que alguien vulnera la ley", ha dicho el titular de Justicia. Caamaño ha agregado que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ya impugnó la candidatura de II a las pasadas Elecciones Europeas por considerar que estaba orquestada con ETA, aunque el Tribunal Constitucional estimó que no había pruebas de esa relación y permitió a la formación concurrir a los comicios.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, cree que las afirmaciones en 'Gara' de Sastre tienen suficiente entidad como para que sea investigado por la Fiscalía.

Dificultades para ilegalizar

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Justicia señalaron la dificultad de promover desde la Abogacía del Estado una demanda de ilegalización específica ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo contra II-SP debido a que se trata de una candidatura creada para concurrir exclusivamente a las elecciones europeas y no de un partido.

Además, Sastre no pertenece a ninguna de las formaciones que integraron la coalición (comuner@s e Izquierda Castellana), lo que pone trabas a que se pueda perseguir a estas formaciones por las actitudes del que fuera el cabeza de la lista en la que ambas concurrieron conjuntamente.

En su impugnación ante el TS de la lista de II-SP, la Fiscalía incluía informes Policiales sobre la presunta la vinculación de los números 1 (Sastre), 2 (Doris Benegas) y 5 (ngeles Maestro) con el entorno de Batasuna.

Ante ello, el Tribunal Constitucional incidió en su sentencia en que "sólo son acreditativos de una inclinación ideológica que en absoluto puede merecer censura en nuestro régimen constitucional democrático, por más que eventualmente pueda ser compartida por quienes pretenden hacerla valer por medio de la violencia".

Resaltaba también que, a diferencia de lo sucedido con otras candidaturas anuladas desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos Políticos, "en este caso no existen elementos que acrediten la existencia de vínculos de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y la coalición aquí recurrente".