El PP-A se querella en el TS contra Chaves por las subvenciones a la empresa de su hija

• Le acusa de tráfico de influencias por las subvenciones otorgadas por la Junta
• Minas de Aguas Teñidas, de la que es apoderada su hija, habría recibido ayudas
• El PP-A niega haber presentado la querella y dice que sólo van por vía política y administrativa
• Chaves tiene condición de aforado como miembro del Gobierno central
• El Parlamento andaluz rechaza, con los votos del PSOE, crear una comisión de investigación

El Partido Popular de Andalucía ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en la que le acusa de un delito de tráfico de influencias por las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa de la que es apoderada su hija, cuando Chaves era aún presidente andaluz.

Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal, que han explicado que la querella ha entrado este jueves en el registro del Alto Tribunal y ha sido presentada por el procurador José Luis Ferrer Recuero, que actúa habitualmente para el partido.

En cambio, fuentes del PP de Andalucía han asegurado que ningún representante legal ni ningún miembro de la formación ha presentado una querella contra Chaves, añadiendo que todas las actuaciones que se están llevando sobre esta cuestión se están circunscribiendo exclusivamente a "vías parlamentarias

Sin embargo, la presentación de la querella ha sido confirmada desde la oficina del procurador, José Luis Ferrer Recuero, mientras que el abogado que firma el escrito, Juan Ramón Montero, ha detallado que en el mismo se imputan a Chaves y a su hija los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, además de la posible existencia de malversación de caudales públicos. Montero y Ferrer son, respectivamente, el abogado y el procurador que habitualmente llevan la representación legal del PP en los tribunales.

Según las fuentes del Alto Tribunal, la querella acusa a Chaves de haber cometido un delito de tráfico de influencias por las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía cuando él era todavía presidente a la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra.

El sindicato ultraderechista Manos Limpias también ha presentado una denuncia por estos hechos, que la Fiscalía Superior andaluza remitió ayer a la del Tribunal Supremo.  El Alto Tribunal sería el encargado de investigar a Chaves ya que, si bien no es diputado, tiene condición de aforado como miembro del Gobierno nacional.

Sin comisión de investigación

Por su parte, el Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los únicos votos del PSOE, la creación de una comisión de investigación sobre la subvención de 10 millones de euros, como habían solicitado PP e IULV-CA.

El diputado del PP-A Antonio Sanz ha señalado, en defensa de la  comisión de investigación, que es hora de decir "basta ya" a tanto "abuso", advirtiendo a los socialistas de que la victoria electoral no les da "impunidad para saltarse las leyes". Una comisión de investigación, según ha argumentado, "dignificaría a esta Cámara", añadiendo que si los socialistas no la respaldaban, sólo "querrán tapar un caso escandaloso de corrupción". 

Por su parte, el portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha manifestado que la subvención de la Junta a Matsa ha creado "cierto escándalo social, a lo que hay que dar una respuesta de transparencia y claridad" desde el Parlamento. En este sentido, ha comentado que cada día que pasa son más dudas las que ofrece este asunto y ha apuntado que hay que "ganar en  ejemplaridad política y en el fortalecimiento de la democracia". 

Desde el PSOE, Mario Jiménez ha recalcado que todo el asunto obedece a una "estrategia premeditada y ruin de un sindicato de extrema derecha, Manos Limpias; de un periódico  arruinado que busca dinero y de un líder político altanero, decrépito  y perdedor que quiere destruir al adversario a cualquier precio", en referencia al presidente del PP-A, Javier Arenas.