El CGPJ rechaza un informe que cuestiona la constitucionalidad de la nueva ley del aborto

• Lo había elaborado un vocal conservador
• Ha sido rechazado por tres votos a dos en la comisión de estudios
• Consideraba que varios aspectos tenían "difícil encaje constitucional"
• Ahora el informe lo realizará la vocal del PNV Margarita Uría

La comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado este jueves el informe sobre la nueva ley del aborto elaborado por un vocal conservador en el que se tildaban de inconstitucionales algunos de los aspectos de la misma.

Así lo han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que el informe ha recibido los votos a favor de su autor y de Concepción Espejel, ambos del sector conservador, y el rechazo de José Manuel Gómez Benítez, Margarita Robles y Margarita Uría, los dos primeros elegidos a propuesta del PSOE y la tercera a propuesta del PNV.

El informe rechazado  consideraba que hay algunos aspectos del anteproyecto de ley "de difícil encaje constitucional", en referencia al establecimiento de un modelo de plazos, que permite a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación.

Además, el texto muestra su oposición a que los padres de la mujer no deban ser informados previamente cuando ésta sea menor de edad.

El resultado de la votación ha determinado que Fernández pierda la ponencia del informe sobre el proyecto de reforma de la ley del Aborto que debe aprobar el CGPJ y que ésta pase a Margarita Uría, que será ahora quien redacte el dictamen que el pleno del Consejo debatirá previsiblemente en su reunión del próximo día 23.

Desde que el Gobierno remitió al CGPJ el anteproyecto de ley, este órgano ha solicitado dos ampliaciones de plazo para emitir su informe preceptivo, que no tendrá carácter vinculante.

El pasado 23 de junio, la mayoría conservadora del Consejo Fiscal ya aprobó un informe en el que se estimaban inconstitucionales los artículos que afectan a la desprotección del "nasciturus" en la nueva ley y en el que se recordaba que la Constitución declara que "la vida humana en formación" es un bien que merece protección.