La OEA ultima la expulsión de Honduras mientras Micheletti quiere la salida del organismo

• Se agota el plazo de 72 horas dado a Honduras para restituir a Zelaya
• La Corte Suprema de Honduras dice que la salida del poder de Manuel Zelaya "es irreversible"
• Insulza ha llegado este viernes a Tegucigalpa en medio de una profunda crisis política
• Su entrevista con el presidente de la Corte Suprema ha durado más de una hora
• Insulza ha dicho que el nuevo gobierno no tiene intención de cambiar la situación

La OEA decidirá previsiblemente hoy si suspende la participación de Honduras en el organismo regional, al vencer el ultimátum de 72 horas dado al nuevo Gobierno de ese país para que devuelva el poder al depuesto presidente Manuel Zelaya.

Entre tanto, el nuevo Gobierno de Honduras de Roberto Micheletti anunció anoche que denuncia la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con "eficacia inmediata", tras la visita del secretario general del organismo, José Miguel Insulza.

La decisión de denunciar la carta del organismo implica el no reconocimiento de aplicación de las normas y de la jurisdicción de la OEA, según explicó el ex canciller Guillermo Pérez Cadalso a un medio hondureño.

La XXXVII Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que fue convocada el martes para abordar la situación de Honduras tras el golpe de Estado que tuvo lugar el domingo en ese país centroamericano, se reanudará hoy a las 17.00 GMT.

Posibles sanciones al país

El canciller argentino, Jorge Taiana, que preside ese periodo extraordinario de la Asamblea General de la OEA, ha indicado que en la reunión de hoy se tratarán "eventuales sanciones a Honduras si las autoridades de facto no restituyen al presidente Manuel Zelaya".

De este modo, la XXXVII Asamblea General "retomará el funcionamiento para cumplir el plazo (de 72 horas concedido al Gobierno de Roberto Micheletti) y decidir sobre las sanciones".

Esas sanciones no serían otras que la suspensión de Honduras en el organismo interamericano, establecida en la resolución que los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA aprobaron el miércoles de madrugada en Washington.

En la reunión de la OEA de hoy, los cancilleres de los 34 países miembros escucharán previsiblemente el informe sobre las gestiones diplomáticas que ha efectuado el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para recuperar la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la restitución de Zelaya en Honduras.

La resolución de la OEA señala que, si estas iniciativas no prosperan en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras.

Insulza estuvo el viernes en Tegucigalpa para notificar a las actores políticos de las implicaciones de la resolución y tratar de convencerles de que necesitan "cambiar lo que han estado haciendo" hasta ahora y "encontrar maneras de retornar a la normalidad".

De momento, sus gestiones no han surtido efecto.

La Corte Suprema refrenda el golpe

La Corte Suprema de Honduras dijo el viernes a Insulza que la salida del poder de Manuel Zelaya "es irreversible", a la vez que el nuevo Gobierno ha afirmado que "no es negociable" una vuelta del depuesto presidente al poder y reiteró que si regresa al país será detenido.

El artículo 21 entraría en vigor con dos tercios de los votos de los Estados, que suspenderían por primera vez a un país miembro de la OEA desde que se firmó la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2001 en Lima.

En la historia de la OEA sería la segunda suspensión después de la de Cuba en 1962, aunque en aquella ocasión no fue por un golpe de Estado sino por los vínculos con el bloque chino-soviético de ese país, y tampoco existía la Carta Democrática Interamericana.

Una posible suspensión de Honduras implicaría para Tegucigalpa, más allá del aislamiento político y diplomático, perder las ayudas económicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su exclusión de la Junta Interamericana de Defensa (JID).

No obstante, Honduras tendría que seguir cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, según lo estipulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, explicaron a Efe fuentes diplomáticas.