El Congreso aprueba el Fondo de Reestructuración Bancaria con los votos de PSOE y PP

• Pese al apoyo, el PP avisa de que no renunciará a cambiar la ley de cajas
• El grupo popular quieren reducir la influencia de los gobiernos autonómicos
• Denuncian que el plan llega tarde porque las dificultades han crecido
• El resto de grupos parlamentarios han rechazado el decreto-ley

Elena Salgado defiende el Fondo de Reestructuración Bancaria en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha convalidado, con el respaldo del PSOE y del PP, el Real Decreto-ley por el que se regula la reordenación del sistema financiero y se aprueba la creación del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El apoyo de los diputados del principal partido de la oposición han permitido sumar 313 en favor de la norma, frente a los 23 contrarios del resto de formaciones políticas.

Entre ellas, todas las fuerzas nacionalistas, Convergencia i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y el Bloque Nacionalista Galego solicitaron su tramitación como proyecto de ley.

Durante el debate parlamentario, el PP ha anunciado su "apoyo crítico" al plan de reestructuración financiera del Gobierno dada "la situación de crisis, que necesita una actuación urgente sobre el sector bancario", aunque ha avisado que no renunciará a que se cambie la ley de cajas para reducir la influencia de los gobiernos autonómicos.

El PP ha asegurado que, gracias a sus negociaciones con el Ejecutivo, el Banco de España deberá buscar las soluciones de reestructuración con menor coste para las arcas públicas, lo que a juicio del diputado popular Álvaro Nadal dificultará la creación de grandes cajas regionales, controladas por sus respectivas autonomías.

Cinco años máximo de intervención estatal

Además, con el objetivo de evitar "una nacionalización encubierta", el Estado tendrá un plazo límite de cinco años para salir de una entidad recapitalizada, en el caso de ésta decida no recomprar la participación en manos del Gobierno. Asimismo, el organismo supervisor revisará las responsabilidades de todos aquellos gestores de entidades que reciban ayudas, y no exclusivamente cuando sean intervenidas.

El PP también ha asegurado haber introducido la obligación de que se subasten los activos o negocios de una entidad intervenida, para buscar así las soluciones más rentables y beneficiosas. A juicio de Álvaro Nadal, este plan permitirá solventar las dificultades actuales del sector, que espera que más de 30 entidades necesiten acogerse a las ayudas.

El principal partido de la oposición ha criticado que el plan llegue tarde porque, a su juicio, a comienzos de la crisis "el sistema español tenía problemas de sobra pero tenía un colchón" para aplazar el impacto que "prácticamente ha desaparecido" en este tiempo.

De hecho, el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha criticado que si el plan se hubiera diseñado con anterioridad, las dificultades que atraviesa el sector serían "claramente inferiores", así como los recursos públicos necesarios. Montoro insistió en el deseo del PP de reformar la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros porque no quiere que se creen grandes bancos regionales, promovidos por una reestructuración financiera que acabe siendo "un mapa hecho por los políticos" y que sea "dañino" para la competencia y los consumidores.

En cuanto al techo de gasto a los Presupuestos Generales para 2010 que también se debatirá en el Congreso, el PP confirmó su rechazo para mostrar su desacuerdo con la política económica del Gobierno, al tiempo que anunció que no apoyará las enmiendas a la totalidad en el proyecto del Ejecutivo para limitar la publicidad de RTVE.

Rechazo de los grupos minoritarios

Al margen del PP, CiU, la otra formación con la que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, negoció la norma, se ha decantado finalmente por el voto en contra, al considerar que el texto vulnera las competencias autonómicas en materia de cajas. Tanto PNV como ERC, IU, ICV y BNG han avanzado su rechazo a la norma por este mismo motivo.

Desde CiU, el diputado Josep Sánchez Llibre ha señalado que la norma no puede garantizar que la liquidez va a llegar a familias y empresas, y  atribuye al Banco de España competencias "inadmisibles" que "reducen, quitan y hurtan" poderes a las comunidades. El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha denunciado que este decreto ley muestra que el Gobierno "no dijo la verdad" sobre la situación de la banca española y sus "verdaderas intenciones" sobre las cajas de ahorro.

Por su parte, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha advertido de que ve "inadmisible" que el FROB "se salte el bloque constitucional" en lo referente a las competencias autonómicas, y ha defendido el respeto a los cargos políticos en sus órganos de representación. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha señalado que esta es la segunda vez "que se hace una transfusión multimillonaria" al sistema financiero español, pese a que el Gobierno aseguró y advirtió  de que estas iniciativas pueden ser contraproducentes "porque no se conoce la situación del paciente". "El FROB no resuelve los problemas de fondo y plantea demasiadas incógnitas sobre el futuro", ha recalcado.

Por su parte, el diputado del BNG Francisco Jorquera ha admitido la necesidad de acometer una ordenación del sistema financiero, pero ha asegurado tener "profundas discrepancias" con el texto del Gobierno, lo que llevará a su partido a votar en contra del decreto ley "que vacía de contenido las competencias" de las comunidades. Por su parte, la portavoz de UPyD Rosa Díez ha reclamado una reforma profunda de la Ley de Organos de Representación de las Cajas de Ahorros (LORCA) en lugar de poner "meros parches" que dejan "intacto" el fondo del problema: la politización y la falta de acceso al mercado.