El Gobierno avalará la mitad de las hipotecas para la compra de 100.000 viviendas protegidas

• El Consejo de Ministros aprueba el convenio que firmará con el Instituto Oficial de Crédito
• Según ha explicado De la Vega, esta línea de ayudas supondrán 6.000 millones de euros
• Aprueba un plan de seis meses para agilizar los procesos de los juzgados de los social
• Su objetivo es agilizar las sentencias sobre indenmizaciones por despidos

El Gobierno avalará la mitad del importe de las hipotecas para comprar pisos protegidos. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el convenio que se firmará la próxima semana con el Instituto Oficial de Crédito (ICO) para avalar con hasta 6.000 millones de euros estas operaciones.

La medida, contenida en el Plan E, "facilitará la compra de una vivienda protegida a 100.000 familias garantizando la mitad de la hipoteca", según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Gobierno prevé que esta medida mueva en dos años créditos por 12.000 millones de euros.  La línea ICO-Vivienda Protegida se aplicará a las viviendas que se compren durante este año y el que viene.

Según la nota del Consejo de Gobierno, en el caso de las entidades financieras, la duración de esta línea será temporal y variable, en función de su grado de compromiso con la financiación para la compra de viviendas previstas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, tanto las viviendas de nueva construcción como las acogidas al Plan procedentes del stock de vivienda nueva sin vender.

Para suscribirse a esta Línea,  las entidades de crédito deberán firmar el convenio con el Ministerio de Vivienda como entidad colaboradora del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

Agilizar los procesos en los juzgados de lo Social

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un plan de seis meses de duración para agilizar las sentencias de los juzgados de lo social que se encargan, entre otros asuntos, de los despidos.

De la Vega asegura que a partir de octubre, se reforzarán hasta 19 partidos judiciales con 35 magistrados y secretarios judiciales. El Gobierno calcula que en estos seis meses se resolverán 21.000 casos pendientes.