El eterno retorno del 'cortejo' autonómico

• La necesidad de apoyo parlamentario desencadena las negociaciones
• Cataluña siempre goza de postura preferente en el pacto
• Una vez acordado, las autonomías del partido contrario se muestran reticentes
• El pacto supone un afianzamiento del gobierno en la aritmética parlamentaria

En pleno mes de julio de 2001 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el primer consejero del Gobierno catalán, Artur Mas se reunían para cerrar el nuevo sistema de financiación autonómica.

 

A la salida del encuentro, el primero de ellos destacó que el pacto se había fraguado por encima de ideologías y que el modelo no sería fijado cada cinco años. El segundo destacó el dinero que recibiría Cataluña,  nada menos que 300 de los 2.100 millones de euros que se aportaban al sistema.

Casi ocho años después, la ahora vicepresidenta económica, Elena Salgado confía en la permanencia del nuevo modelo, que corrige las desigualdades creado por el anterior, y ERC presume de que ha sido capaz de lograr 3.800 millones anuales al ejecutivo de los 11.000 que va a a poner en el nuevo sistema.

Argumentos intercambiables

Este contraste de posturas entre los partidos y personas en función de si estaban en el gobierno y la oposición en Madrid o Cataluña y en los mismos gobiernos autonómicos dependiendo de si estaban gobernados por el PP o el PSOE ha sido una constante en las negociaciones de la financiación autonómica.

Curiosamente Mas y Montoro han coincidido en criticar el nuevo modelo pactado entre el Gobierno y el 'tripartito' catalán por razones opuestas: el primero porque considera que incumple con la mitad del Estatuto de Cataluña y la cantidad que se aporta es insuficiente; el segundo porque dar más dinero a las autonomías supone, a su juicio, más déficit y más paro.

En el otro lado, en 2001 la oposición en Cataluña, liderada por el PSC, consideró la cifra insuficiente, mientras que el PP, socio de CiU, la vió justa. Las autonomías gobernadas del PSOE aceptaron firmar, aunque algunas como Aragón, Asturias y Baleares lo hicieron a regañadientes. Las del PP lo vieron como el mejor sistema posible porque recogía el aumento de población y otras variables como la dispersión y el envejecimiento.

Las claves, repetidas una y otra vez, son las siguientes. 

1. La necesidad de apoyos parlamentarios

En el principio de todo, la necesidad de estabilidad parlamentaria. En 1994, Felipe González necesitaba del apoyo de CiU para lograr la financiación, algo que se repitió con Aznar en el 96. En 2001 los populares tenían mayoría absoluta, pero los convergentes necesitaban de su apoyo en Cataluña para gobernar. Por último, Zapatero necesita ahora que los socios del tripartito catalán le den un respiro en su sudoku parlamentario.

2. Cataluña, objetivo prioritario

 

Como resultado mismo de la complicada aritmética parlamentaria, las miradas siempre han ido al grupo catalán. A finales del mandato de Felipe González, el PSOE buscó en en la cesión del 15% del IRPF una manera de 'blindar' su gobierno hasta finalizar la legislatura.

Posteriormente, Aznar y Pujol cerraron un nuevo modelo en el llamado Pacto del Majestic, que supuso cerrar la investidura del líder del PP. Cinco años después, Montoro y Mas cerraron un nuevo pacto que luego se llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo mismo han hecho Salgado y Castells, Zapatero y Puigcercós en los últimos días.

3. Reticencia de las autonomías contrarias

El estilo mismo de la negociación predispone al resto contra el modelo pactado, sobre todo a las que tienen color político distinto al del Gobierno central. En 1996, el rechazo al modelo de Aznar y Pujol llevó a que las autonomías gobernadas por el PSOE se quedasen fuera del modelo.

Y es que a la hora de presentar una propuesta ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el ejecutivo siempre ha ido con un modelo previamente pactado con Cataluña, al que se han sumado o no otras regiones.

La estrategia fue rentabilizada electoralmente por Manuel Chaves, presidente andaluz y actual vicepresidente tercero del Gobierno, pero supuso que su comunidad perdiera dinero porque no se reconocía la población de su comunidad.

De hecho, años después recibió la liquidación de los cinco años que estuvo con el modelo antiguo cuando Zapatero llegó al poder.

Por eso, en 2001 la estrategia de las comunidades del PSOE fue distinta: negociaron por separado con el Gobierno Aznar, que, más libre por tener mayoría absoluta, hizo una propuesta atractiva para Andalucía, a la que siguieron Extremadura y Castilla La Mancha.

La vicepresidenta Salgado ya ha anunciado que las comunidades que quieran se podrán queda fuera del modelo. Sin embargo, y aunque sea a regañadientes, algunas autonomías del PP podrían adoptar el nuevo modelo porque le supone más ingresos, aunque no compartan su filosofía, como hicieron las del PSOE en 2001.

De hecho, el presidente del Gobierno ha reprochado a los populares que adviertan que traerá más déficit como dice Montoro y pidan más cantidad de dinero, como hace la Generalitat valenciana.

4. Desenlace feliz ( en el parlamento)

En todos los casos, la evolución ha sido hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, mayor porcentaje del impuesto sobre la renta, el IVA e impuestos especiales, aunque conservando la estructura unitaria de la Agencia Tributaria y el impuesto de Sociedades.

Además, Y, por último -y no menos importante- la resolución de la historia ha aportado un indispensable aire parlamentario al gobierno de turno, sea Felipe González al final de su mandato, Aznar al comienzo del suyo y ahora Zapatero, que podrá contar con una mayor predisposición de los tres diputados de ERC y el de ICV.