El modelo de financiación saldrá adelante con el apoyo de las regiones del PSOE y Canarias
- En la primera votación en el Consejo de Política Fiscal hace falta el 50% de los votos
- Logrará previsiblemente el voto de las ocho comunidades del PSOE y Canarias
- Las seis comunidades del PP no lo apoyarán pero podrían abstenerse
- Luego el modelo irá al Congreso, donde tendrá el apoyo de ERC, ICV y CC
El Gobierno sacará adelante el nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles con más del 50% de los votos necesarios (las seis comunidades gobernadas por el PSOE, más Cantabria -gobernada por PRC y PSOE- y Canarias, en manos de PP Y CC) pese a que las seis autonomías del PP "no apoyarán" el modelo, aunque podrían abstenerse.
Con esta cifra se superaría el apoyo de siete de quince comunidades necesario para la primera votación, aunque si fuese necesaria una segunda con el único apoyo de una autonomía sería suficiente.
El apoyo más explícito a la propuesta del Gobierno viene de Andalucía y Cataluña, dos de las principales beneficiadas, las dos más pobladas y los principales feudos del PSOE.
Otras comunidades socialistas como Extremadura, Aragón o Asturias han vencido sus reticencias iniciales y apoyarán el nuevo modelo con "correcciones", mientras que Canarias (gobernada por CC y PP) dará un sí crítico.
Rechazo del PP
Los 'populares', cuyos consejeros autonómicos se han reunido esta tarde en la sede central del partido, han calificado el modelo de "insolidario, poco transparente y muy complejo", como resultado de una negociación en "la que se ha pretendido contentar a todos".
Sin embargo, ante la situación de asfixia financiera que están atravesando muchas autonomías, el PP ya trabaja con la idea de que varias de sus comunidades no se opongan con un 'no' rotundo al nuevo modelo, sino que opten por la abstención.
Así, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el nuevo modelo de financiación otorgue a Galicia hasta 190 millones de euros anuales más de los 590 que con fecha 2012 le ofrece el Gobierno.
Por su parte, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que la Comunidad no podrá pagar en 2011 sus servicios con el nuevo sistema y explicó que perdería cerca de 1.000 millones en 2010 con este modelo.
En esta línea, La Rioja reclamó abrir la negociación para que se reciban propuestas de las CCAA, mientras que la Comunidad Valenciana anunció que no renunciará "ni a un solo euro".
Apoyo socialista
Por su parte, desde el Partido Socialista, sus presidentes autonómicos apoyan el modelo con Andalucía y Cataluña a la cabeza, dos de las comunidades más beneficiadas.
El Consell Executiu de la Generalitat catalana aprobó ya hoy la propuesta y mañana trasladará el sí al Gobierno central. La cantidad que Cataluña espera recibir está entre 3.650 y 4.000 millones de euros adicionales.
El Gobierno de Aragón aceptó el nuevo modelo por considerarlo ajustado al Estatuto, aunque apuntó que prepara pequeñas correcciones.
El presidente asturiano, Vicente Alvarez Areces, se mostró "moderadamente satisfecho" al aumentarse el peso del envejecimiento, dispersión y dependencia y situarse Asturias por encima de la media con 200 millones de euros y 2.977 per cápita.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, apoyó el modelo y dijo que es "razonablemente bueno", si bien anunció que en la reunión planteará "algunas cuestiones" que quedan por aclarar.
Voto favorable
Una vez ratificado el nuevo sistema por el CPFF, el Gobierno remitirá a las Cortes la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que deberá ser refrendada por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. Posteriormente, será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CC.AA.
La nueva financiación, que entrará en vigor desde 1 de enero de 2009 y se aplicará de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales "ligeramente superiores" a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.