La jueza llama a declarar como imputados a tres asesores de la Consejería de Interior madrileña

• El 30 de julio comparecerán José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre
• Prada había pedido la imputación de estos tres ex guardias civiles
• Investigan si hubo malversación de fondos en el caso del espionaje a cargos del PP

La juez de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que investiga el caso del presunto espionaje a políticos de la Comunidad de Madrid, ha llamado a declarar como imputados a los asesores de seguridad eventuales de  la Consejería de Interior, José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre.

La juez  justifica esta petición de comparecer el próximo día 30 de julio, en las gestiones realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

Valcarce investiga si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes sufridos tanto por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada como por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos del PP.

La jueza, que descarta así archivar las diligencias, reclama con esta providencia poder interrogar a tres de los ex guardias civiles que Prada pidió que fueran imputados conforme a los datos de los informes policiales sobre las presuntas vigilancias ilegales que sufrió entre abril y marzo de 2008.

La magistrada tiene sobre su mesa desde el 24 de junio un escrito remitido por el diputado regional del PP en el que solicita que cite a declarar como imputados a dos técnicos y seis asesores del departamento de Granados ante sus sospechas de que podrían estar detrás de los seguimientos que sufrió.

Diligencias previas y prueba caligráfica

En el documento, Prada reclamaba a la magistrada que incoe diligencias previas contra el técnico especialista en Seguridad, José Manuel Pinto; el eventual de confianza de la Consejería, José Palomo; y los asesores de seguridad eventuales, José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, Belén Espartero, José Manuel  Rodríguez y Roberto Casielles.

Prada se basaba en que los agentes que elaboraron los partes se referían al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Asimismo, dos informes periciales encargados por El País señalan a José Manuel Pinto como autor de algunos de los seguimientos.

Asimismo, el escrito reclamaba que se cite a Prada a presencia judicial al objeto que proceda a la ratificación y, en su caso, a la ampliación de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del  Estado.

Prada también reclamó una prueba pericial caligráfica de las mismas personas y que, junto con los documentos originales que obran en la causa, se remitieran a la Comisaría General de la Policía Científica, Servicio de Técnica Policial y la Sección de Documentos copia para que los peritos caligráficos determinen la autoría de los documentos que obran en la causa y si los escritos han sido confeccionados por las personas citadas.