El PP cree que Cospedal, Trillo y Camps tienen los teléfonos 'pinchados'

• Denuncia que las escuchas se han producido a raíz del caso 'Gürtel'
• Apuntan a una información sobre una conversación telefónica de Trillo
• Camps recibió una llamada de un Policía que le informó sobre una decisión de Garzón
• Montoro cree que es el Gobierno quien debe demostrar que no hubo escuchas

El Partido Popular cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia, Federico Trillo, pueden ser algunos de los dirigentes de la organización con los teléfonos "pinchados", según han informado fuentes de este partido, que han destacado que las escuchas se podrían haber realizado desde que se destapase el caso Gürtel.

Las mismas fuentes señalan que el presidente valenciano, Francisco Camps, puede ser otro de los máximos mandatarios del partido con el teléfono móvil intervenido.

Si bien las fuentes citadas no aclaran qué pruebas les llevan a considerar que De Cospedal puede ser objeto de escuchas ilegales, aunque aseguran que está "comprobado", sí se muestran más precisos para argumentar que Trillo tiene el teléfono "pinchado".

La conversación de Trillo

Se remiten las fuentes a las informaciones que algunos medios de comunicación publicaron el pasado fin de semana, según las cuales Trillo habría presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Juan Montero para asegurarse de que el auto, el que al final archivó la causa contra el presidente autonómico, Francisco Camps, no resultara perjudicial para el mandatario popular.

Pero las conversaciones que tuvo Trillo, de acuerdo con la versión de las fuentes citadas, no fueron con el juez Montero del alto tribunal valenciano, sino con el abogado Montero que "lleva los pleitos" del Partido Popular en Madrid, por ejemplo, el caso Gürtel.

Además, apuntan,  Juan Montero fue el magistrado que discrepó del auto que sobreseyó la causa contra Camps, y así lo corroboró con un voto particular.

Aviso a Camps

En lo que concierne al presidente de la Generalitat Valenciana, las fuentes recalcan que el pasado 5 de marzo, el mismo día que el juez Baltasar Garzón remitió la investigación del Gürtel a las instancias judiciales autonómicas,  un miembro de la Unidad de Delitos Económicas y Fiscales (UDEF) de la Policía se puso en contacto telefónico con Camps para informarle del propósito del magistrado.

Trillo relató este episodio a los periodistas horas después de presentar en Madrid una denuncia para que se investigue el origen de las filtraciones de partes del caso Gürtel.

De acuerdo con la versión del responsable de Justicia del PP, el mandatario valenciano pidió a esa persona que le llamó que se identificara, y así lo inquirió varias veces, pero el supuesto integrante de la UDEF no lo hizo.

La secretaria general del PP, una de los dirigentes supuestamente "espiados", como afirman las fuentes, adelantó el pasado jueves que al PP le consta que se están produciendo "escuchas ilegales" a personas que no figuran en los sumarios de procesos judiciales en curso y a altos dirigentes de la formación.

Montoro responde a Zapatero

Por su parte, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha emplazado al Gobierno socialista a "demostrar" que "son falsas" las denuncias que ha hecho su partido sobre las escuchas ilegales a miembros del PP.

A su entender, se está produciendo "realmente" un "deterioro grave" de la democracia porque el Ejecutivo "da instrucciones a las instituciones" y las "utiliza" para "acosar" y "aniquilar" a su formación.

Por eso, Montoro cree que "a quien hay que pedir responsabilidad es al Gobierno", respondiendo así a las palabras del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que esta misma mañana desde Lanzarote pidió "sentido de la responsabilidad" al Partido Popular tras sus acusaciones de espionaje.

Tras afirmar que en una democracia el Gobierno debe "vigilar" que funciona el Estado de Derecho, ha recalcado que el gabinete socialista "hace todo lo contrario y está utilizando las instituciones del Estado de Derecho para tratar de acosar al principal partido de la oposición".