Los sindicatos de Policía exigen se investigue el trato a los detenidos en la 'operación Espada'

• Denuncian que fueron "expuestos como animales de un zoológico"
• Creen que al exponerles esposados vulneraron sus derechos
• Aseguran que debería ser investigado por la Secretaria de Estado de Seguridad
• El ex gerente del Palma Arena, queda en libertad tras abonar la fianza

Los sindicatos de Policía SUP y CEP han exigido este lunes al Gobierno que investigue el trato a los cinco detenidos en la "operación Espada", en la que se investiga un presunto caso de corrupción relacionado con el velódromo Palma Arena (Palma de Mallorca), por haberles trasladado esposados ante el juez.

El Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía han emitido sendos comunicados para denunciar la "humillación innecesaria" a estos detenidos por haber sido expuestos esposados ante los medios de comunicación, y la vulneración de sus derechos al honor, la intimidad o la presunción de inocencia.

"Han sido expuestos como animales de un zoológico", lamenta el SUP al reclamar que se depuren las correspondientes responsabilidades por la forma en que se hizo el traslado de estos cinco detenidos, entre los que destacan el portavoz del PP en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafael Durán, y el ex regatista olímpico Pepote Ballester.

Para el SUP, el "responsable" de estas actuaciones, "más propias de un país tercermundista", no es sólo el Gobierno sino también "el juez, fiscal, responsable político o mando policial que dispuso el traslado de los detenidos", "con independencia de que después uno o todos resulten responsables".

"Un hecho grave"

El CEP, por su parte, apunta "a los rectores del operativo policial y a la cúpula de la Jefatura Superior de Baleares" como responsables de esa actuación que consideran "incumple de forma evidente" una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula "los comportamientos exigibles a las Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas".

"Es un hecho grave que debería investigar la propia Secretaría de Estado de Seguridad, a través de su Inspección de Personal y Servicios de Seguridad", observa el CEP, al precisar que lo ocurrido no es "achacable a los policías nacionales que participaron en la conducción, sino a los responsables de las diligencias policiales y de la Jefatura Superior de Baleares".

En cuanto al agotamiento del plazo máximo de 72 horas de detención en sede policial por parte de los arrestados en esta operación, la CEP explica también que eso fue "consecuencia de una petición del Ministerio Fiscal y no de la Policía".

El ex gerente del velódromo abona la fianza

Por otra parte, el ex gerente del velódromo Palma Arena, Jorge Moisés, ha abonado este lunes la fianza de 50.000 euros que el juez José Castro le impuso en la madrugada de ayer y que le ha permitido quedar en libertad tras ser detenido por presunta vinculación a la supuesta trama de corrupción en la construcción del pabellón.

Moisés ha acudido este mediodía al juzgado de instrucción número 3 de Palma acompañado de su abogado, Gaspar Oliver, y de su madre, tras abonar en el banco la cuantía fijada por el juez, una de las más altas de los cinco detenidos en el caso junto con la del ex director de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester.

Según ha explicado el abogado de Moisés, la fianza la ha aportado íntegramente su madre: "Son los ahorros de toda su vida y ha comparecido como fiador ante el juez", ha comentado Gaspar Oliver, quien ha valorado la decisión judicial porque "en estos casos conseguir la libertad es algo muy importante".

Junto con Moisés, en la madrugada de ayer quedaron en libertad el resto de los cinco detenidos, José Luis Ballester, que abonó 50.000 euros; el portavoz del PP del Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, el jefe de obras del velódromo, Miguel Ángel Rodríguez, y el director de Nimbus, Miquel Moreno, quienes pagaron 15.000 euros.