El Supremo mexicano anula la condena a los implicados en una matanza de indígenas en Chiapas

• Considera que hay deficiencias en el proceso
• Estaban acusados de la matanza de 45 indígenas en 1997 en Acteal, Chiapas
• Los implicados, que llevaban varios años en la cárcel, saldrán de prisión proximamente

Anuladas las sentencias en Chiapas (México)

La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de México ha anulado por deficiencias en el proceso las condenas impuestas a más de una veintena de personas por la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida en Acteal (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997.

La decisión implica que los condenados, que llevaban varios años en la cárcel, saldrán próximamente de la prisión federal de El Amate, en la ciudad chiapaneca de Cintalapa.

"No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su culpabilidad", ha defendido su decisión el magistrado Juan Silva Meza.

La Sala Primera de la SCJN ha celebrado una sesión en la que, por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, ha optado por declarar nulas las sentencias, lo que deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras las rejas.

La magistrada Olga Sánchez Cordero ha pedido que "de manera inmediata se ponga en libertad" a los hasta hoy condenados por delitos relacionados con la masacre.

Casos pendientes

Pese al anuncio, el Supremo deja aún en el aire el destino de otros 32 encarcelados, cuyos recursos dependen del magistrado, y obliga a la repetición del juicio de 9 sentenciados más, ha desvelado Javier Angulo, abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó las excarcelaciones.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por otro grupo vinculado con grupos paramilitares que acabaron con la vida de 45 personas de la comunidad pacifista de Las Abejas.

Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006, y más de setenta condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la justicia federal en un proceso que fue considerado endeble en su investigación e instrucción penal.

La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el inductor de la masacre. Ambos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Crimen de Estado?

Para muchas organizaciones no gubernamentales, aquellos hechos constituyeron un "crimen de Estado" del que acusan como responsables últimos a Ruiz Ferro y al ex presidente Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, partido que gobernó México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis Soberanes, ha asegurado el martes que los condenados por la matanza de Acteal "fueron injustamente acusados" y pidió su puesta en libertad.

Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) consideró sobre la base de los testimonios aportados que los condenados eran culpables, y sostuvo que liberarlos dejaba "en la impunidad" un "crimen de lesa humanidad".