Los sindicatos policiales piden la cabeza de Socías y denuncian una "caza de brujas"

• El SUP pide la dimisión del delegado en Baleares por dar una "orden ilegal"
• Pidió que los detenidos por el 'caso Palma Arena' no fueran esposados
• La CEP apunta que el problema fue permitir la entrada de medios en sede judicial
• El PP exige un responsable por el "trato vejatorio" a miembros de su partido

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) cree que el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, debe dimitir o ser cesado porque dio una "orden ilegal" al pedir que los detenidos por el "caso Palma Arena" no fueran esposados en su traslado a los Juzgados, mientras que la Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido a Interior que frene la "caza de brujas" de policías.

Para el SUP, que ha realizado sobre los hechos que ha remitido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la orden transmitida verbalmente por Socías es "ilegal" para el SUP, por ser contraria a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (12/2007) sobre las personas detenidas o bajo custodia policial.

Esta instrucción establece que "es el policía quien debe decidir, en función de las circunstancias concurrentes, la forma de realizar el traslado, respetando los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial".

"El delegado del Gobierno en Baleares dio una orden ilegal y debe dimitir o ser cesado por ello", según el SUP, que subraya que el jefe superior de Policía de Baleares la aceptó y la transmitió, con lo que también incumplió lo dispuesto en la circular citada.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló "alguien de la cadena de mando no cumplió la orden del Delegado del Gobierno", y que cuando se aclare la situación "se tomarán las pertinentes decisiones".

"Responsable indirectos"

Pero además, según el sindicato, son también "responsables indirectos" el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al no haber establecido un protocolo de actuación que impida que cualquier político pueda dar una orden contraria a una instrucción escrita.

Para el sindicato, ese protocolo debería establecer distintos grados de peligrosidad de los detenidos y la forma de actuar.

En relación a la decisión del comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de asumir la responsabilidad de no haber advertido explícitamente que los detenidos no fueran esposados, el SUP señala: "No es aceptable una sanción por un error involuntario cuando hay una confesión de haber dado órdenes ilegales o cuando menos contrarias a las normas escritas".

Añade además que si se produce el cese del comisario debe producirse tras los del delegado del Gobierno y del jefe superior de Policía de Baleares.

El sindicato entiende que no existe responsabilidad disciplinaria, por acción u omisión, en ningún miembro de la Policía y, de haberla, debe centrarse en el jefe superior de Policía de Baleares.

Sí procede, sin embargo, abrir una información sobre el responsable del servicio de seguridad del centro judicial de Palma, donde se permitió el acceso de los medios de comunicación al interior del aparcamiento judicial para captar las imágenes de los detenidos.

El SUP entiende que existen responsabilidades por omisión en el ámbito político y judicial, y considera que la solicitud del líder del PP, Mariano Rajoy,  de "resolver el asunto haciendo responsable a un policía no es coherente".

No lo es porque, en su opinión, cuando Rajoy era ministro del Interior, en Palma se realizaban las conducciones de los detenidos en las mismas circunstancias que las actuales.

La CEP denuncia una "caza de brujas"

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido al Ministerio del Interior que evite la "caza de brujas" del delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, contra el comisario que ha admitido no haber ordenado que los detenidos en el caso Palma Arena no fueran esposados.

En un comunicado, la CEP respalda al comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la capital balear, a quien consideran que se le ha elegido como "cabeza de turco" del polémico traslado de los detenidos en la "operación Espada" hasta una de las sedes judiciales de la isla.

El sindicato dice que no está dispuesto a que el jefe superior de Policía en Baleares y el delegado del Gobierno o el ministro del Interior "ventilen" sus responsabilidades con la elección de un "cabeza de turco" que, a su juicio, es "absolutamente inocente de cualquier negligencia o irregularidad en su trabajo".

Además, recalca que el comisario ha tenido "la gallardía y nobleza de impedir que la búsqueda de culpables recaiga sobre escalas inferiores".

En su opinión, el comisario ha asumido "con honor" un problema que "no es de la Policía", ya que la polémica "no reside en no engrilletar a los cinco detenidos por la investigación de corrupción financiera sobre el "caso Palma Arena", sino en la exposición mediática que se hizo de su traslado a sede judicial.

Para la CEP, las medidas de seguridad empleadas fueron correctas, ponderadas y aconsejables, pero fue "innecesaria y humillante" la "exposición a los medios de comunicación, trasladando una imagen de un ensañamiento hacia ellos que lesionó gravemente sus derechos a la imagen, la intimidad y la presunción de inocencia".

Por ello se pregunta quién autorizó la presencia de los medios de comunicación en el interior de la sede judicial, puesto que las imágenes de la salida de la furgoneta y el ingreso en el Juzgado , según el sindicato,  fueron grabadas en el interior del patio del edificio y no en la calle.