Histórica condena por desapariciones en Guatemala

• El ex comisionado militar Felipe Cusanero, primero en ir a prisión por desapariciones
• Organizaciones civiles confían en que haya más juicios por otros 45.000 desaparecidos
• El conflicto en el país centroamercano causó casi 250.000 muertos entre 1960 y 1996
• Por otra parte, el fiscal español Castresana seguirá liderando la mejora de la justicia local

Cusanero, en la última jornada del juicio.

La condena a 150 años de prisión emitida por un tribunal penal de Guatemala en contra de un ex militar, por la desaparición de seis indígenas durante la guerra interna de este país, abre las esperanzas de justicia en los familiares de las 45.000 personas que aún permanecen desaparecidas.

Después de un juicio que se prolongó por más de 17 meses, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Chimaltenango, ubicada a 60 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, ha declarado la noche de este lunes culpable del delito de desaparición forzada al ex comisionado militar Felipe Cusanero.

Tras analizar los más de 2.500 folios que contenían las pruebas presentadas por la Fiscalía y luego de escuchar a más de una veintena de testigos, el tribunal le ha condenado a 25 años por cada una de las seis desapariciones de indígenas a manos del Ejército.

Se trata de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena Chajchaguin, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí, quienes fueron secuestrados por un grupo de militares entre noviembre de 1982 y octubre de 1984, en la aldea Choatalum, del departamento de Chimaltenango.

Los familiares de las víctimas, apoyados por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), emprendieron la titánica lucha en busca de Justicia el 9 de junio de 2003, cuando presentaron la denuncia por desaparición forzada de sus parientes, en contra de Cusanero.

Según declararon los testigos durante el juicio, Cusanero, quien en los años ochenta se desempeñó como "comisionado militar" --un grado que era concedido por el Ejército a civiles para que vigilaran a los ciudadanos--, personalmente detuvo a los seis desaparecidos, a quienes acusó de guerrilleros y los entregó al destacamento militar del lugar.

El 10 de marzo del año pasado, cuando se inició el juicio en contra de Cusanero, María Yool, esposa de Alejo Culajay, dijo que el 23 de noviembre de 1983, el procesado se llevó por la fuerza a su esposo al destacamento militar. "Al día siguiente lo fui a buscar (a Cusanero) para preguntarle por mi esposo, y me dijo que 'a ese ya le dimos aguacate' (lo matamos). Después fui al destacamento a preguntar por mi esposo y los soldados me dijeron que no lo tenían, y que ya no regresaría", relató esta indígena de 56 años, madre de tres hijos.

Primera sentencia

Cusanero, quien sólo admitió declarar en una sola ocasión durante las más de doce audiencias del juicio --para declararse inocente de los cargos--, se ha convertido en el primer condenado por el delito de desapariciones forzadas en Guatemala.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el auspicio de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó en su informe presentado en febrero de 1999, que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas. La mayoría de ellas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En su fallo, el Tribunal de Chimaltenango también ordenó a la Fiscalía de ese departamento continuar las investigaciones en contra de dos ex oficiales del Ejército, antiguos jefes del condenado, para determinar la responsabilidad "material e intelectual" de éstos en la desaparición de estas víctimas.

La Justicia guatemalteca conoce desde hace más de diez años, al menos trece demandas penales en contra de altos jefes militares y de la desaparecida Policía Nacional de este país centroamericano, por el delito de desaparición forzada, el cual fue incluido en la legislación local en junio de 1996. Esta es la primera que ha llegado a una sentencia firme. Las otras se encuentran estancadas debido a diversas recursos legales presentados por las defensas.

Mario Minera, director de CALDH, ha dicho que la sentencia en contra de Cusanero "sienta un procedente legal", y "reaviva las esperanzas de Justicia" que albergan los familiares de los miles de desaparecidos.

Castresana seguirá velando por la justicia

Por otra parte, también este lunes el jurista español Carlos Castresana ha sido confirmado por dos años más como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), otro órgano auspiciado por la ONU que no tiene ninguna relación con esos hechos históricos. La CICIG tiene como objetivo ayudar a desmantelar a las mafias del crimen organizado que se han incrustado en las instituciones del Estado guatemalteco.

Según un comunicado de la institución, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, confirmó a Castresana el 27 de agosto. El ex miembro de la Fiscalía Anticorrupción española y ex presidente de la Unión Progresista de Fiscales, de 52 años, lleva en el cargo desde su creación por Ban a mediados del 2007.

Un informe presentado en septiembre pasado por la CICIG señaló que el 98% de los crímenes que ocurren cada año en este país quedan impunes, por la debilidad del Estado para perseguir a los responsables. La CICIG, en la que colaboran más de 150 profesionales de 23 nacionalidades, investiga en la actualidad cerca de 20 casos que son considerados de "alto impacto" en los que se presume están involucrados grupos del narcotráfico, crimen organizado y las pandillas juveniles.