Francisco Correa intentó conseguir residencia legal en Panamá y Colombia

• El TSJM evidencia el riesgo de fuga del presunto cabecilla del caso 'Gürtel'
• Añade que tiene empresas, inversiones y viviendas fuera de España
• Además, alertan del "riesgo de que se intente ocultar o destruir pruebas"

El presunto cabecilla de la trama de corrupción ligada a cargos del PP que se investiga en el 'caso Gürtel', Francisco Correa, intentó conseguir la residencia legal en Panamá y Colombia, lo que para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) evidencia el riesgo de que se fugue si queda en libertad.

El tribunal ha tenido en cuenta que Correa "no sólo tiene contactos con el exterior", sino empresas, inversiones y viviendas, "lo que le permitiría vivir sin necesidad de suelo español", según se indica en el auto del pasado viernes que desestimó el recurso que Correa interpuso contra su prisión provisional

Según el TSJM, Correa no sólo "ha intentado conseguir la residencia legal en Panamá y Colombia", sino que de las escuchas telefónicas se desprende "que cada vez permanecía más tiempo en el extranjero atendiendo sus empresas, por lo que parece indudable la existencia de contactos y medios para sustraerse fácilmente a la acción de la Justicia española".

Otros argumentos de la sala para rechazar el recurso de Correa son las altas penas a las que se enfrenta -se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias- y los indicios de su responsabilidad criminal.

Peligro de ocultación o destrucción de pruebas

Además, el TSJM también asegura que el principal imputado en el caso intentó ocultar o destruir pruebas cuando supo que se habían abierto diligencias para esclarecer los hechos en los que está implicado.

La sala entiende que "existe riesgo de que se intente ocultar o destruir pruebas y ello no sólo por la natural inclinación del que se sabe vigilado por la Justicia, sino porque así se ha intentado una vez abiertas las diligencias sumariales y durante el periodo en que el apelante permaneció en libertad, como se puede comprobar en las grabaciones de las escuchas telefónicas".

La sala rechaza el argumento de la defensa de Correa de que todas las pruebas están ya a disposición de la Justicia y dice que "cuando la instrucción se encuentra ante delitos de naturaleza económica se ve necesitada de realizar una compleja investigación, siguiendo el rastro de documentos, partidas o cuentas (...) cuya existencia, en el mejor de los casos, se desconoce a ciencia cierta".

Añade además que el análisis del material ya conocido "puede hacer preciso la búsqueda de nuevos documentos o anotaciones contables". "Y es respecto a esos documentos o anotaciones contables donde surge un peligro concreto de ocultación, alteración y destrucción si personas que se encuentran en libertad acceden a estos documentos o apuntes antes de que se produzca la intervención judicial de los mismos", señala el auto.