Gabilondo cuestiona la propuesta de Aguirre para dar autoridad pública a los profesores

• El ministro de Educación cuestiona la Ley de Autoridad del Profesor propuesta por Aguirre 
• Pone en duda que una comunidad pueda dotar de autoridad pública a los profesores
• Estudiará la ley, pero cree que  es "complicada" desde el punto de vista administrativo
• Pide incorporar al debate la opinión de los padres y las comunidades educativas
• El Congreso también verá propuesta del PP de dar autoridad pública a profesorado
• El Defensor del Menor respalda la ley para que disminuyan las presiones contra los docentes

En Madrid los profesores de la enseñanza pública obligatoria tendrán la condición de autoridad

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, pide prudencia ante el proyecto de ley anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que quiere otorgar a los docentes la condición de 'autoridad pública', como los jueces o inspectores de Sanidad.

La propuesta, ha dicho el ministro, hay que contemplarla con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener. 

"No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad pública a los profesores", ha explicado.

El ministro insistió en que "mirará con mucha atención" cuál es la  propuesta que se hace desde la Comunidad de Madrid, para añadir que  es "complicada" desde el punto de vista administrativo porque, entre  otros motivos, muchos de los profesores son funcionarios del Estado.  

Asimismo, ha pedido incorporar al debate la opinión de los padres, de los docentes y comunidades educativas "para que no fuera sólo una decisión política". 

"Yo no soy pendenciero con estas cosas, soy más amigo de encontrar soluciones integrales que no sean sólo medidas de dotar de autoridad sin más, sino que también haya medidas sociales que atiendan cuáles la situación general, no sólo de la autoridad en las escuelas, sino  en todos los contextos en los que vivimos", apostilló. 

En este sentido, dijo que a él le "hubiera gustado más" si esta  iniciativa, la Ley de Autoridad del Profesor, se hubiera  incorporado en el Pacto social y político propuesto desde el Ministerio de Educación, "junto a otras medidas", para alcanzar "el  respeto, reconocimiento de la autoridad moral de quien enseña y la  atención a los legítimos derechos de los estudiantes, profesores y  padres de manera integral". 

La propuesta del PP de reconocer como autoridad pública al profesorado también se debatirá en el Congreso de los Diputados, porque el Grupo Popular en la Cámara registró en julio una proposición de ley para modificar en este sentido la ley de Educación.

Por su parte, el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha respaldado esta iniciativa porque reconoce "claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel que juegan los profesores en la sociedad y, de forma particular, en la educación de los menores".