El Gobierno saca adelante la ayuda de los 420 euros, la TDT de pago y la Ley de Extranjería

• El ministro de Trabajo defiende la nueva prestación como "urgente y necesaria"
• El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto, aunque ha habido críticas
• La ayuda se amplió a los parados que agoten su prestación desde el 1 de enero
• El Congreso también da luz verde al real decreto que regula la TDT de pago
• Sebastián: "El Gobierno antepone el interés del ciudadano al de los grupos privados" 
• La Ley de Extranjería supera el primer escollo al rechazarse las enmiendas a la totalidad

Se aprueban los 420 euros para los desempleados que hayan agotado el paro después del 1 de agosto

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto UPyD, han aprobado este jueves la convalidación del decreto ley que regula la ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan agotado su prestación por desempleo. 

 

También se ha acordado, esta vez por unanimidad, tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitirá que la medida pueda modificarse y así ampliar su cobertura desde el 1 de enero.

El Gobierno ha conseguido sacar adelante otros dos importantes proyectos. Ha convalidado el decreto que regula la TDT de pago, tras un agrio debate con el PP, y ha logrado que la Ley de Extranjería supere su primer escollo tras rechazarse en el pleno las enmiendas a la totalidad planteadas por varios grupos.

Corbacho defiende la "urgencia" y "necesidad" de la prestación

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido la "urgencia" y la "necesidad" de esta nueva prestación, que ha considerado de "gran incidencia".

El ministro ha pedido, en su intervención, apoyo unánime a la ayuda "para evitar exclusión social", tras reiterar la naturaleza "extraordinaria" y la vocación "temporal" de la ayuda que cobrarán los desempleados, ha dicho, por un máximo de seis meses.

En este sentido, no ha descartado que el Gobierno pueda prorrogar este subsidio extraordinario en función de las necesidades y de la situación del desempleo y la coyuntura económica.

El decreto, en sus términos actuales, establece la ayuda de los 421,79 euros durante seis meses, con posibilidad de prorrogarla por períodos iguales, siempre que la tasa de paro supere el 17%, para los desempleados que hayan agotado sus prestaciones o subsidios desde el 1 de agosto y tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros).

El PP habla de "chapuza", "improvisación" y "cúmulo de despropósitos"

El PP ha votado a favor de la ayuda, a pesar de las duras críticas que ha lanzado al Gobierno socialista por la gestión de esta medida, que han calificado como "chapuza", "improvisación" y "cúmulo de despropósitos".

Así lo ha asegurado el diputado popular José Ignacio Echániz, que ha denominado la nueva prestación como "cheque parado" y de "acción de beneficiencia del Estado".

Antes de la intervención del PP en el pleno del Congreso de los Diputados que convalidará o derogara el decreto ley que regula la ayuda , el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho,  ha defendido la "urgencia" y la "necesidad" de esta nueva prestación, que ha considerado de "gran incidencia".

El ministro ha pedido apoyo unánime a la ayuda "para evitar exclusión social", tras reiterar la naturaleza "extraordinaria" y la vocación "temporal" de la ayuda que cobrarán los desempleados, ha dicho, por un máximo de seis meses.

En este sentido, no ha descartado que el Gobierno pueda prorrogar este subsidio extraordinario en función de las necesidades y de la situación del desempleo y la coyuntura económica.

Todos menos UPyD apoyan la medida, aunque con críticas

La diputada por UPyD Rosa Díez ha sido muy crítica en su intervención acusando al Ejecutivo de plantear una medida "cicatera e injusta", que considera una "chapuza", una "degradación social" y que supone un "principio de discriminación inaceptable".

Díez ha anunciado su voto en contra de la prestación extraordinaria que finalmente se amplío hasta los parados que dejaran de cobrar su prestación desde el 1 de enero. 

El resto de grupos (CiU, PNV, ERC, IU, UPN y Nafarroa Bai) votarán a favor de la medida, aunque todos, en mayor o menor grado, han criticado la gestión de la ayuda.

Desde CiU el diputado Carles Campuzano ha criticado que el Gobierno esté instalado en una "posición dogmática y no acometa una reforma del mercado laboral "en sentido amplio", y ha aludido al "reto" de poner fin a la elevada temporalidad ya que la crisis ha comenzado incluso a "destruir empleo indefinido".

El diputado del PNV Emilio Olabarría ha hablado de la "falta de clarividencia" de la política de empleo del ministro de Trabajo e Inmigración, que activa medidas "paliativas e ineficientes".

La diputada de Navarroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado "alguna debilidad" en su "capacidad estructural". Desde UPN Carlos Salvador también ha criticado que el Gobierno no haya contado con las comunidades autónomas y le pidió que resuelva el "complejo puzzle" de rentas mínimas que hay en España y busque la fórmula de hacerla compatible con la renta mínima que ya existe en Navarra, que es superior a los 420 euros.

   

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha manifestado que "añadimos algo de justicia a la injusticia de la desigualdad social".

Ayuda polémica

El Consejo de Ministros aprobó estas ayudas el pasado 13 de agosto, después de que hiciera aguas la mesa de diálogo social con los sindicatos y los empresarios .

En un principio se estableció que sólo los parados que perdieran su prestación desde el 1 de este mismo mes podían beneficiarse de esta medida anti-crisis.

No tardó en llegar la polémica ya que los sindicatos y la oposición lanzaron sus críticas no tanto a la ayuda sino a los requisitos para acceder a la misma. Consideraban "insuficiente" que el plazo se fijase en el 1 de agosto.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tardo sólo unos días en plantear la posibilidad de modificar esta ayuda. Comenzaron entonces las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los grupos políticos para ampliar la cobertura de la ayuda.

El ministro Celestino Corbacho ofreció inicialmente la fecha del 1 de junio a los sindicatos, si bien un día después el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, pactó con ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai que la medida se aplicara con retroactividad desde el 1 de enero.

El acuerdo, al que se sumaron también posteriormente CiU, PNV, Coalición Canaria y UPN, contempla que el decreto se tramite con proyecto de ley con  carácter de urgencia para permitir su aprobación en los primeros días de noviembre, de manera que las personas en esta situación puedan  empezar a solicitarlas ese mismo mes.