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El Consejo de Ministros aprueba este viernes el Plan de Modernización de la Justicia

  • Incluye un centenar de actuaciones que buscan ofrecer un servicio público de calidad
  • Además de aumentar la plantilla judicial, pondrá en marcha el programa "EJIS"
  • Con este programa se interconectarán los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia
  • El Gobierno también aprobará el Decreto que regula el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el Plan para la Modernización de la Justicia, que implicará entre otras cosas un incremento de la plantilla judicial.

El Gobierno también dará luz verde al Real Decreto que regula el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que destinará 1.500 millones de dólares a Latinoamérica, según han informado fuentes del Ejecutivo.

El Consejo estará presidido como cada viernes por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, pero tras la reunión se estrenará como portavoz la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ya que María Teresa Fernández de la Vega permanece hospitalizada tras ser operada de una oclusión intestinal.

Tampoco estará presente el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quien comenienza este viernes su primera visita oficial a Canadá.

Un servicio público de calidad

El Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, presentado este jueves por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, incluye más de un centenar de actuaciones que buscan ofrecer al ciudadano un servicio público de calidad.

Además de aumentar la planta y la plantilla judicial, pondrá en marcha el programa "EJIS" para poder interconectar los diferentes sistemas informáticos del Ministerio de Justicia, de las comunidades autónomas con competencias en la materia y de la Fiscalía.

Mejorar el acceso al agua potable

 

El Real Decreto sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento detalla los objetivos, alcance y gestión de este instrumento creado para mejorar la situación de los 85 millones de personas que carecen de acceso a agua potable y los 115 millones que viven sin saneamiento en Iberoamérica y el Caribe.

El fondo, con sede en España, estará dotado de 1.500 millones de dólares y abierto a la gestión privada, pero "en principio" cerrado a las empresas españolas del sector, según apuntaron el pasado mes de marzo fuentes del equipo encargado de la elaboración del Real Decreto.