"Una reacción legal contra el transfuguismo sería probablemente inconstitucional", dice Caamaño

• El ministro de Justicia recuerda que la Carta Magna da al político el cargo de concejal
• Denuncia que el PP "alienta la sospecha sobre el funcionamiento de la Justicia"
• Dice que respetará la decisión del Constitucional respecto al Estatuto de Cataluña

59 segundos - Francisco Caamaño dice que el PSOE ha cumplido en Benidorm con el Pacto Antitransfuguismo

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado en 59 segundos que "no hay una reacción legal posible" ante los episodios de transfuguismo porque "esa reacción sería, probablemente, inconstitucional". El titular de Justicia ha detallado que en este tipo de actuaciones existe en Pacto Antitransfuguismo que, en el caso de lo sucedido en Benidorm, ha sido cumplido "una vez más" por el PSOE, que "ha expulsado a quienes en contra de ese pacto ha actuado".

El ministro de Justicia ha explicado que el escaño o acta de concejal pertenece a la persona que ha sido elegida directamente por los ciudadanos, y que la Constitución recoge este precepto como derecho fundamental, lo que implica una garantía "que es difícilmente compatible a veces con el comportamiento de algunas personas, pero sobre todo con la lógica de partidos".

Por eso, ha argumentado, "no hay una reacción legal posible porque esa reacción sería, probablemente, inconstitucional, sino que existen acuerdos, como el del pacto antitransfuguismo, para reaccionar desde los partidos políticos frente a prácticas que deslegitiman finalmente el entendimiento de la democracia tal y como la entienden los ciudadanos, que dirigen su voto a partidos, que dirigen su voto a candidaturas, mas que a personas individualmente consideradas", ha manifestado el titular de Justicia.

 No obstante, Caamaño cree que "se puede avanzar" en la lucha contra el transfuguismo con la ley en la mano, aunque es un tema "de muchísima complejidad". Preguntado si perseguiría legalmente este tipo de conductas, ha respondido que "no es cuestión de establecer un delito penal, ni una cuestión de esta naturaleza, porque iría en contra directamente de la Constitución". "Y es muy difícil alterar la Constitución en esto, porque lo que está en juego, detrás de este tema, es un modelo de democracia. Y la democracia representativa exige cierto equilibrio entre el papel del representante y el papel de los partidos".

"Por tanto, saltarnos este puente de garantía último que establece nuestra Constitución y en general todos los sistemas parlamentarios de Gobierno, y todos los sistemas democráticos, es desde el punto de vista jurídico constitucional tremendamente arriesgado y complejo, porque entonces bastaría con tener a dos líderes, y prácticamente podríamos cerrar todo el Parlamento y que uno, en función de los votos que tuviese, intentase hacer oposición", ha añadido. Campaña del PP

Ante las acusaciones que está haciendo el Partido Popular sobre un trato diferente de la Fiscalía ante asuntos judiciales que afectan a este partido, en comparación con el trato que se da cuando el asunto afecta al PSOE, Francisco Caamaño ha hecho hincapié en que el PP está "en una suerte de campaña, alentando la sospecha en torno al funcionamiento de nuestra Administración de Justicia".

Al titular de Justicia le parece preocupante "no porque sea una forma de hacer política, que es muy legítimo, sino porque detrás de esto se está cuestionando el trabajo que día a día hacen jueces, hacen fiscales, hacen la policía. Lo hacen desde la profesionaldidad, desde el rigor, y lo que más me preocupa es que eso genere cierto descrédito en una institución como es el poder judicial que nos hemos dado todos los españoles y que es fundamental para nuestra convivencia".

Respecto a las acusaciones de María Dolores de Cospedal afirmando este verano que el PP estaba siendo espiado, el titular de Justicia ha señalado que "si se tienen certezas", el PP lo tiene muy fácil: "Como cualquier otro ciudadano de este país, se va a los tribunales de Justicia, lo pone en conocimiento del juez".

Estatuto

Respecto a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, en cuya tramitación participó, el titular de Justicia ha destacado que acatará, "como no puede ser de otro modo", lo que diga el Tribunal Constitucional, aunque ha recordado que el texto que refrendaron los ciudadanos catalanes fue un texto "aprobado en las Cortes generales por quienes representan a los ciudadanos del pueblo español".

"Pero, finalmente, quien tiene la última palabra, en nuestro estado democrático, en materia de apreciación o no de la constituciónalidad de la ley, es el Tribunal Constitucional. A él le corresponde decirlo y a los demás, como no puede ser de otro modo, acatarlo", ha concluido.