El Gobierno y los sindicatos firman el acuerdo para la función pública con una subida salarial del 0,3%

• La Oferta de Empleo Público se limita a un 15% de la tasa de reposición
• El pacto afecta a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones
• Los funcionarios podrán recuperar el poder adquisitivo perdido en 2012

Subida salarial de 50 millones de euros el año que viene a empleados públicos

El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF han firmado el acuerdo para la Función Pública 2010-2012, que afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones y que contempla una subida salarial del 0,3% el primer año, así como una cláusula de revisión salarial.

   

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y los secretarios generales de UGT, Julio Lacuerda, de CCOO, Enrique Fossul, y el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, han mostrado su satisfacción tras la firma porque el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos sean funcionarios o personal laboral.

   

De la Vega, que ha vuelto al trabajo tras ser intervenida de una obstrucción intestinal, valora que este acuerdo se produzca en el marco del diálogo social "más necesario que nunca" ante las dificultades económicas, por lo que afirma que supone una "importante contribución al nuevo modelo económico".

Explica que se trata de un acuerdo "marco, de legislatura" que incorpora 50 medidas para la mejora y modernización de los servicios públicos.

El sindicato USO ha criticado el acuerdo y pone en entredicho que garantice el poder adquisitivo de los funcionarios.

Claúsula de revisión en 2012

   

El acuerdo presenta en materia retributiva el compromiso de subir el sueldo de los empleados públicos el 0,3% de la masa salarial en 2010 y una compensación, fijada mediante una cláusula de revisión, que se haría efectiva el 1 de enero de 2012.

Además en 2010 el Gobierno destinará un 0,3% de la masa salarial a aumentar el fondo de pensiones de los funcionarios.

   

También incluye una tasa de reposición de la Oferta de Empleo Público no superior al 15% y concentrada en las plazas de sectores estratégicos y prioritarios, así como el compromiso de reducir la tasa de temporalidad hasta un máximo del 8%. 

De la Vega también ha avanzado que el Gobierno elaborará una Ley de la Función Pública antes de que finalice 2010, en la que se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, y también creará un Observatorio del empleo público para que realice una propuesta de redimensionamiento de plantillas.

Además se va a aprobar el Real Decreto de acceso electrónico a los servicios públicos que permitirá a los ciudadanos hacer de forma más rápida sus trámites con la Administración.