El Gobierno tendrá seis meses para elaborar un censo de los enterrados en el Valle de los Caídos
- El Congreso aprueba la iniciativa pactada por el PSOE, IU-ICV y Nafarroa Bai
- El único que ha votado en contra es el PP porque vulnera la Ley de Protección de Datos
- Fernández Díaz (PP) afirma que hay 20.000 identificados y otros 40.000 sin identificar
El Gobierno tendrá seis meses para elaborar un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley, en este sentido, pactada por el PSOE, IU-ICV y Nafarroa Bai.
En ella, también se insta al Ejecutivo a facilitar "económicamente las exhumaciones" y agilizar el traslado de los restos de estas personas cuando lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos.
El texto aprobado procede de dos proposiciones no de ley que reclamaban la elaboración del censo presentadas por ICV y Na Bai, unificadas en una sola mediante la transacción con el PSOE. El único partido que ha votado en contra ha sido el PP porque, en su opinión, vulnera la Ley de Protección de Datos.
La iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a elaborar, en un plazo "máximo" de seis meses "un censo de las personas que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos, especificando, cuando se conozcan, las identidades y sus lugares de procedencia".
"Se facilitarán económicamente las exhumaciones, y en su caso se agilizará el traslado de los restos humanos cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos", reza otro de los tres puntos de la iniciativa.
Además, la Cámara pide al Ejecutivo que facilite a los allegados y a los ciudadanos interesados, asociaciones e instituciones, "el conjunto de los datos disponibles sobre la inhumaciones de restos humanos" en este recinto, incluidas las identidades, respetando las normas de protección de datos personales.
El Gobierno "facilitará" el cumplimiento de la iniciativa
Fuentes de la Vicepresidencia primera del Gobierno han explicado a Efe que el Ejecutivo valora esa proposición, cuyo resultado se enmarca en el espíritu de la ley de la Memoria Histórica.
"El Gobierno, como no puede ser de otra manera, facilitará el cumplimiento de la iniciativa, máxime teniendo en cuenta que ha sido acordada en sede parlamentaria y con un amplio consenso", han añadido las fuentes citadas.
Respecto al hecho de que se fije la colaboración económica en el marco de la subvenciones que fija la citada ley, el Gobierno considera que todos los aspectos que faciliten el desarrollo de la iniciativa son bienvenidos.
Las propuestas de ICV y Nafarroa Bai
El diputado Joan Herrera (ICV) ha recordado, al defender su iniciativa, los casos de las familias que no han podido recuperar los restos de sus seres queridos a pesar de estar identificados y también de aquellos que han honrado a víctimas de la Guerra Civil en fosas donde en realidad no estaban porque los cadáveres habían sido trasladados al Valle de los Caídos sin su conocimiento ni permiso.
Aunque habrá casos en los que será imposible hacer las identificaciones, ha pedido al Gobierno voluntad "proactiva" para apoyar las exhumaciones.
La segunda proposición, firmada por Uxue Barkos, pretendía igualmente conseguir que, 70 años después, los familiares puedan guardar su duelo "en casa" y no en un lugar "hostil", como la basílica del Valle de los Caídos, en palabras de esta diputada.
Ha apelado Barkos a razones de "dignidad" para aceptar el censo y las exhumaciones y ha remarcado que más de un año después de su entrada en vigor, la Ley de Memoria Histórica tiene "carencias" que es preciso subsanar.
Por el grupo socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos ha dejado claro que el PSOE comparte la sensibilidad necesaria para afrontar esta cuestión y con este espíritu ha apelado al acuerdo, después de destacar que la Ley de Memoria Histórica ha permitido prohibir manifestaciones ultraderechistas en el enclave.
A través de su diputado Jordi Xuclá, CiU también ha mostrado su apoyo al censo y las exhumaciones de restos.
El Partido Popular vota en contra
Sin embargo, el PP ha rechazado de plano estas medidas porque según su portavoz, Jorge Fernández Díaz, confeccionar el censo vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos, que exige el consentimiento de los familiares para difundir esta información.
En cuanto a las exhumaciones, el grupo popular considera que el Gobierno tampoco puede abordarla, ya que en el caso de Cuelgamuros es una competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Fernández Díaz ha explicado que la propia Ley de Memoria Histórica remite para el caso del Valle de los Caídos a la normativa general sobre cementerios y lugares de culto, que por el reparto competencial se regula por leyes de la Comunidad de Madrid.
También ha apuntado que el acceso a las fichas con los nombres de las 20.000 personas sí identificadas es público y plenamente "transparente" y cualquier descendiente que compruebe que allí tiene un familiar puede pedir su exhumación a las autoridades autonómicas.
Respecto a los no identificados, ha calculado que puede haber restos de unas 40.000 personas, y ha hecho notar la complicación que supondría intentar poner nombres y apellidos a estos enterrados.