Los límites de España para investigar genocidios se ponen este miércoles en el Senado

• Un acuerdo entre PP y PSOE pone límites a la jurisdicción universal española
• Con ella, detenciones como la de Pinochet no se habrían producido
• Con la ley actual, España investiga casos como Ruanda, Gaza o Guantánamo
• Con esta propuesta, tendrá que haber españoles entre los implicados

Límites a la jurisdiccón universal

El Senado tiene que decidir este lunes si acepta una enmienda aprobada en el Congreso que recorta la competencia española a la hora de juzgar matanzas y genocidios cometidos en otros países.

De llevarse a cabo la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tal cual fue aprobada el pasado 25 de junio en el Congreso de los Diputados a través de un pacto entre PP y PSOE, la jurisdicción universal española quedaría limitada y detenciones como la de Pinochet, ordenada por el juez Garzón, no se habrían producido.

Actualmente España tiene 11 causas pendientes de resolución, entre ellas el asedio israelí en Gaza, los campos de concentración nazis, el genocidio ruandés o las condiciones de los presos de Guantánamo.

Si la reforma prospera, España no tendría competencia para investigar estos casos ni ninguno en el que no hubiese ciudadanos españoles implicados.

Incluso en este supuesto, como podría ocurrir con la muerte de José Couso, España se quedaría al margen de existir un proceso abierto por algún otro Gobierno con diligencia.

Con la ley actual, que no fija límites, los tribunales españoles han contribuido de forma eficaz a luchar contra la impunidad de los autores de crímenes atroces, haciéndoles ver que no son "intocables" y que no hay paraísos seguros para ellos, señala Amnistía Internacional.

De aprobarse la nueva enmienda, España entraría en la lista de los países restrictivos para la jurisdicción universal. Este martes varias organizaciones se han manifestado de forma simbólica en Madrid para tratar de impedirlo.

¿Por qué poner límites?

La enmienda que se presenta es consecuencia de un acuerdo alcanzado por PP y PSOE aprobado en el Congreso con el 97,5% de los votos después de las quejas de Israel sobre la investigación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra mandos israelíes por un ataque en Gaza en 2002.

De hecho, este recorte de competencias lo anunció la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que declaró que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos le dijo por teléfono que cambiaría la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles en lo referente a la investigación de delitos de genocidio cometidos fuera de España.

La Moncloa, que negó tales afirmaciones, dijo entonces que sólo se trataba de  "ajustes procesales" que no iban a "restringir ese derecho a la jurisdicción universal que es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870".

Julio Villarrubia, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia ha señalado que uno de los motivos de esta cambio es que España es el único país que no pone límites a esta jurisdicción, algo que "conduce a situaciones poco deseables y que pueden ser conflictivas".

Dolors Monserrat, viceportavoz adjunta del PP, afirma que lo que se ha hecho es "acotar mejor nuestra legislación" para acercarnos a la homologación de los países europeos. Debemos ser, ha añadido, "subsidiarios" de la Corte Penal Internacional.

Gulia Tamayo, de Amnistia Internacional, respondía a Montserrat que este organismo no puede encargarse de todo y que este cambio es un error porque lo que sobra es "impunidad, no jurisdicción".

Por su parte, las asociaciones judiciales consideran razonable el cambio. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha destacado la necesidad de encontrar un equilibrio en la modificación del artículo 23 de la LOPJ para "limitar y clarificar" el alcance del principio de jurisdicción universal penal.