El Gobierno toma el control de la aseguradora Agrupació Mutua por "irregularidades" de gestión

• Economía quiere "salvaguardar los intereses de los asegurados"
• Se ha nombrado a dos adminitradores provisionales para gestionar la firma
• Estaba presidida por Félix Millet, implicado en la desviación de fondos del Palau
• Las pérdidas de AMCI Habitat podría lastrar sus resultados

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía, ha decidido tomar el control temporal por "irregularidades" en su gestión de la aseguradora catalana Agrupació Mútua, en la que ha sustituido a sus órganos de administración por dos administradores independientes.

Según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda, esta medida "pretende salvaguardar los intereses de los asegurados y garantizar el cumplimiento de los contratos" de sus más de 380.000 clientes.

“Detectan "deficiencias significativas" de control interno y de las inversiones“

La Dirección General de Seguros, que lidera Ricardo Lozano, sostiene que la decisión se ha debido a las "deficiencias significativas" de control interno y de la política de inversiones de la entidad, por lo que ha resultado "necesario" cambiar la gestión para evitar que sigan estas "irregularidades". Asimismo, matiza que la medida no conlleva la suspensión de contratación de nuevos seguros ni la prohibición de la prórroga de los vigentes.

Aunque en un primer momento se hablaba de una intervención, Lozano ha precisado la DGSFP sólo ha tomado medidas de control especial sobre la aseguradora, que no implican una intervención, ya que esta acción sólo se adopta en casos que prácticamente conllevan la liquidación de la compañía.

Así, ha señalado  que sólo se ha sustituido a los órganos de administración de Agrupació Mútua por unos administradores provisionales para reconducir algunas "irregularidades" que se han detectado en la compañía. En este sentido, ha explicado que una intervención conllevaría el nombramiento de un interventor -no de unos administradores provisionales, como se ha hecho- y la práctica liquidación de la empresa, lo que no se persigue en este caso.

Según la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, las medidas de control especial se adoptan en aquellas compañías de seguros que sufren dificultades o que están inmersas en actividades que pueden poner en peligro su solvencia, los intereses de los asegurados o el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Félix Millet presidía la mutua

Los administradores provisionales que tomarán las riendas de la mutua -donde era presidente el empresario Félix Millet, imputado por la desviación de fondos del Palau de la Música- son los abogados Jacint Boixasa y Sergio Gago.

La entidad, fundada en Girona en 1902, gestiona un patrimonio de 650 millones de euros y en 2008 ingresó por primas 248 millones de euros y tuvo un volumen de inversiones de 722 millones de euros, además de contar con más de 400 empleados, 420 colaboradores comerciales, y más de 600 mediadores.

Hasta junio de 2009, Agrupació Mútua tenía 380.000 clientes y 123,2 millones de euros en primas de seguro directo y, según la clasificación de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), se trata de la trigésimo segunda entidad aseguradora de España.

“Las pérdidas de AMCI Habitat lastran a la aseguradora“

La Dirección General de Seguros anunció el pasado mes de julio que estaba inspeccionando Agrupació Mútua para determinar el impacto que las pérdidas de AMCI Habitat, promotora inmobiliaria participada en un 70% por la entidad, habían podido tener en los resultados de la mutua catalana.

Agrupació Mútua cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas oficiales de 13,5 millones de euros, si bien la auditora BDO cuestionó en junio pasado estos resultados e instó a la mutua a dotar provisiones por 60 millones más para cubrir el riesgo asociado a AMCI Habitat.

Félix Millet presentó a finales de julio su dimisión como presidente del consejo de administración de Agrupació Mútua, tras conocerse que estaba siendo investigado por la Fiscalía por el posible desvío de 2,3 millones de euros de los fondos del Orfeó Català, entidad que también presidía.