La justicia de Uruguay declara inconstitucional la ley que otorgó impunidad a la dictadura

• El fallo llega seis días antes de un referéndum sobre la cuestión
• Unos 200 opositores uruguayos desaparecieron entre 1973 y 1985

La Corte Suprema de Uruguay ha declarado inconstitucional la llamada Ley de Caducidad que libró de ser juzgados a los militares que gobernaron con mano de hierro entre 1973 y 1985. 

Este fallo de la máxima autoridad judicial del país abre las puertas para que se juzgue a los responsables de la muerte de Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en un cuartel militar, y llega justo seis días antes de un referéndum en el que los uruguayos se pronunciarán también sobre la anulación de la ley --en coincidencia con elecciones generales--.

La también conocida como ley de punto final fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, el año siguiente de la recuperación de la democracia en el país, y puso fuera del alcance de la justicia a los policías y militares (no a los civiles) autores de secuestros, torturas, asesinatos, y otros abusos cometidos por la dictadura.

En 1989, los uruguayos refrendaron con un 57% de apoyo dicha ley en un plebiscito. Los impulsores de la nueva consulta alegan que hace 20 años, la población votó coaccionada por el importante papel que aún desempeñaban los militares en la política nacional.

Los esfuerzos de la justicia

La ley de 1986 fue respetada a rajatabla por los distintos gobiernos de los partidos tradicionales (Nacional y Colorado) que se sucedieron en el país hasta el 2005. Pero con la llegada de la coalición de izquierdas del Frente Amplio, la cosa cambió.

Aunque no llegó a promover la anulación de la ley, el presidente Tabaré Vázquez permitió investigar alguno de los casos más sonados gracias a una interpretación que dejaba fuera de su amparo los crímenes ocurridos fuera de Uruguay.

De esta forma, ya han sido procesados y encarcelados a ocho ex policías y ex militares, así como los ex dictadores Goyo Álvarez (1981-85) y Juan Bordaberry (1973-76), quien cumple arresto en su domicilio por razones de salud.

Amnistía Internacional había exigido la supresión de la ley porque fue "diseñada como una carta de libertad para todos aquellos que torturaron, mataron e hicieron desaparecer a mucha gente durante todo ese tiempo".

Según los grupos de derechos humanos, unos 200 uruguayos desaparecieron durante esos 12 años de terror, la mayoría en la vecina Argentina, cuyos Gobiernos se coordinaban en la represión a los opositores, un plan conocido como Operación Cóndor.

En plena campaña electoral

El ex dirigente guerrillero tupamaro José Mujica, candidato del Frente Amplio a la presidencia en los comicios del domingo, ha sido uno de los paladines de la campaña para anular la ley.

Los tradicionales Partido Nacional y Partido Colorado no han fijado una postura de cara al referéndum: algunos dirigentes se han mostrado a favor, pero mayoritariamente están en contra de abolir la ley, informa Efe.

Según los últimos sondeos, la anulación tiene el apoyo del 48% de los uruguayos, mientras que el 34% prefiere dejarlo como está y el 18% se declara indeciso.