Imputados por prevaricación dos concejales de Almogía

• El alcalde socialista también está imputado por prevaricación urbanística y falsedad
• El regidor condiciona su dimisión a cómo avance la investigación
• Ya han declarado alrededor de la mitad de la veintena de imputados en el caso

Dos ediles del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almogía (Málaga) han quedado imputados por un delito de prevaricación tras declarar ante la Guardia Civil por presuntas irregularidades urbanísticas, según fuentes cercanas al caso.

Estos dos ediles se suman a la imputación del alcalde de la localidad, Cristóbal Torreblanca (PSOE), que en la noche del jueves quedó libre e imputado por falsedad documental y prevaricación urbanística, en relación a órdenes de paralización y concesiones, tras declarar ante la Policía Judicial.

El abogado del regidor, Jose Carlos Aguilera, ha explicado a los periodistas que, tras declarar, Torreblanca se fue "tranquilamente", a lo que ha añadido que condicionará su dimisión como alcalde y diputado provincial en función de cómo avance la investigación.

"La calificación jurídica es provisional y está toda la investigación por desarrollar", ha recordado el letrado, que ha especificado que no puede confundirse un delito de prevaricación urbanística "con una mera infracción".

No obstante, ha afirmado que si avanzada o concluida la investigación el fiscal llegara a formular una acusación, Torreblanca se plantearía dimitir.

El PSOE no tomará una decisión hasta que no haya decisión judicial

Por su parte, fuentes del PSOE han indicado que hasta que no haya una decisión por parte del juez, el partido no tomará una decisión sobre la dimisión de Torreblanca como alcalde y, en consecuencia, como diputado provincial.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ha asegurado que Torreblanca se encuentra "muy animado y convencido de que no ha cometido ninguna irregularidad", y cree que las declaraciones del alcalde de Almogía en las que dijo que dimitiría si resultaba imputado las hizo "en unos momentos de presión".

Por ahora y desde el miércoles, un total de diez personas de la veintena de imputados en el caso han comparecido ante la Guardia Civil, que inició esta investigación por un presunto delito de prevaricación, aunque también investiga la existencia o no de otros como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.

Para ello, además de con las declaraciones, los investigadores cuentan con la documentación requisada en el registro que realizaron en el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura, donde se encuentran documentos de más de tres años de antigüedad.

Los agentes del Instituto Armado están investigando desde hace varios meses a miembros de la Corporación y a funcionarios municipales. El Juzgado de  Instrucción número 12 de Málaga, encargado del caso, tiene decretado el secreto de sumario.