30 años de cárcel para el pederasta francés reincidente que pidió la castración física

• Condenado por secuestro y violación de un niño de cinco años
• Cometió el delito nada más cumplir una pena de cárcel de 27 años
• Cuando fue detenido tenía en su poder una caja de "viagra"
• Ha solicitado al presidente Nicolas Sarzozy la castración química

 El Tribunal de lo Criminal de Douai, en el norte de Francia, ha condenado este viernes a 30 años de prisión, 20 de ellos de obligado cumplimiento, al pederasta reincidente, Francis Evrard, que recientemente solicitó que le castraran físicamente.

En esta ocasión, la justicia francesa le condena por el secuestro y violación de un niño de 5 años en la localidad de Roubaix, en el noreste del país, en agosto de 2007, tan sólo días después de abandonar la cárcel, tras permanecer en ella 27 años por un delito similar.

Evrard, de 63 años, permaneció impasible cuando se leyó la sentencia en la que se le condena por todos los cargos por los que había sido acusado en este caso.

La Fiscalía había pedido que se le aplicase la pena máxima que, en este caso, sería la cadena perpetua con 22 años de obligado cumplimiento.

Tenía en su poder una caja de "viagra"

El caso del pequeño Enis, que tan solo tenía 5 años cuando ocurrieron los hechos, creó una gran conmoción en Francia, ya que el acusado había sido condenado por abuso de menores en varias ocasiones y había pasado 30 años de su vida encarcelado por este motivo.

El escándalo se agravó al saberse que, cuando fue detenido, Evrard tenía en su poder una caja de "viagra" contra la impotencia sexual que le había recetado un médico de prisión, quien alegó posteriormente que le hizo la receta porque desconocía el historial del detenido.

El propio Evrard escribió, poco antes de que el pasado lunes se iniciara el juicio, al presidente francés, Nicolas Sarkozy, para pedirle que se le aplicara la castración física, un procedimiento que está prohibido en Francia por considerarse una mutilación.

Sarkozy no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo hizo la ministra de Justicia, Michèlle Alliot-Marie, quien subrayó recientemente que se trata de una cuestión que puede plantearse y que debe debatirse a fondo en el Parlamento.