Garzón decreta prisión incondicional para el alcalde de Santa Coloma y otros cuatro detenidos
- Los tres empresarios quedan en libertad bajo fianza
- La fiscalía había pedido prisión incondicional también para Pasqual Vela
- Vela quedará en libertad previo pago de una fianza de 25.000 euros
- Todos los detenidos, menos dos, están acusados de asociación ilícita
- Garzón relata que los acusados aprovechaban sus cargos, contactos y posición
- El PSC suspenderá el lunes de militancia a Muñoz, Dobarco y Vela
El juez Baltasar Garzón ha decretado prisión incondicional para cinco de los nueve detenidos en el marco de la 'Operación Pretoria' contra la corrupción urbanística en Cataluña, según ha adelantado Cristina Ónega (TVE) a RTVE.es desde la Audiencia Nacional.
Han ingresado en la cárcel sin fianza el presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos del gobierno de Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.
Pasqual Vela, director gerente de Servicios del Ayuntamiento, ha quedado en libertad previo pago de una fianza de 25.000 euros.
A los tres empresarios implicados en la trama también se les concede la libertad bajo fianza, de 100.000 euros en el caso del consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo; y de 500.000 en los del presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana y el de Proinosa, Josep Singla.
Garzón ha aceptado en gran parte, por tanto, la propuesta de la Fiscalía. La única excepción es la de Pasqual Vela, para el que el fiscal había pedido también prisión incondicional.
Los imputados que han quedado en libertad bajo fianza tienen de plazo hasta el próximo lunes para depositar la cantidad exigida por el juez, mientras que Alavedra, Prenafeta, García, Muñoz y Dobarco han sido trasladados a la madrileña cárcel de Soto del Real.
Desde primera hora del viernes, todos los comparecientes contestaron a las preguntas formuladas por el juez y el fiscal y han tratado de desvincularse de la trama defendiendo que sus actividades siempre han sido legales.
Todos los detenidos, menos dos, acusados de asociación ilícita
En el auto emitido en la noche del viernes, el juez sostiene que las actividades principales de esta supuesta trama de corrupción urbanística consistían en lograr modificaciones de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, fraude en la obtención de subvenciones de la Unión Europea, extracciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo.
Para ello, relata el juez, los miembros aprovechaban "los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás".
En concreto, Garzón imputa el delito de asociación ilícita a todos los acusados, salvo a Pasqual Vela y a Manuel Carrillo; quien sólo esta acusado de un delito de cohecho.
Además de la acusación de asociación ilícita, el juez imputa diversos delitos de blanqueo de capitales a Macià Alavedra, Lluis Prenafeta, Luis García y Lluis Casamitjana (que también está acusado de un delito de fraude fiscal), a los que también acusa de varios delitos de tráfico de influencias junto al empresario Josep Singla.
El alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, está imputado también de un delito de cohecho, otro de fraude de subvenciones, dos delitos de fraude y extracciones ilegales y uno de falsedad en documento oficial y mercantil.
Garzón también imputa los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial a Luis García y Manuel Dobarco; este último acusado también de dos delitos de fraude y extracciones ilegales junto a Pasqual Vela -imputado también por un delito de encubrimiento-.
PSC suspenderá de militancia a Muñoz, Dobarco y Vela
La dirección del PSC anunció en la noche del viernes que el lunes suspenderá de militancia al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, al concejal Manuel Dobarco y al director de servicios Pasqual Vela, y les pedirá que renuncian a sus cargos tras quedar imputados por el caso Pretoria.
El PSC indica en un breve comunicado que el lunes celebrará una reunión extraordinaria de su ejecutiva a fin de aprobar las medidas disciplinarias que ya anunció el pasado día 27, y que comportan la suspensión de militancia de todos los implicados en este caso de corrupción urbanística, así como la petición de renuncia de todos los cargos institucionales y de partido que ocupaban hasta ahora.