Los detenidos en la 'operación Pretoria' declaran en la Audiencia Nacional ante el juez Garzón

• Los detenidos han pasado la noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid
• Entre los supuestos cabecillas se encuentra el alcalde de Santa Coloma (PSC)
• También están imputados dos ex altos cargos de los gobiernos de Pujol (CiU)
• Se les acusa por irregularidades en diferentes adjudicaciones urbanísticas
• La Fiscalía pide 100.000 euros de fianza al empresario madrileño detenido

Garzón interroga a los detenidos de la 'operación Pretoria'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha comenzado a tomar declaración a los  nueve detenidos en la 'operación Pretoria' contra la corrupción urbanística desarrollada en Cataluña y Madrid y en el que están implicados miembros del PSC y CiU.

El primero en declarar ha sido el empresario madrileño Manuel Carrillo que ha negado su vinculación con la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él 100.000 euros de fianza. De momento, permanece en libertad a espera de la decisión del juez.

Tras la declaración de Carrillo, es Lluis Prenafeta, ex secretario de la Presidencia durante los gobiernos de Jordi Pujol, quien comparece ante el juez Garzón.

Es el balance de la operación contra la corrupción urbanística que dirige Garzón y que aún continua.

Garzón toma declaración a los supuestos cabecillas, entre los que se encuentran el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Maci Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta.

También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.

Los arrestados han sido trasladados en dos furgones policiales desde la cárcel madrileña de Soto del Real donde han pasado la noche tras ser trasladados el jueves desde la comandancia de la Guardia Civil de Sant Adreu de la Barca, en Barcelona.

Fuentes cercanas al caso explicaron a Europa Press que el hecho de que los detenidos respondieran a las preguntas de la Guardia Civil hará que muchas de estas cuestiones ya no sean repreguntadas por el juez, que se podrá centrar en preguntar sobre la documentación incautada.

Adjudicaciones irregulares

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos.

Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey.

Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.

En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' de la trama y Maci Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.