La Audiencia Nacional ya no puede juzgar delitos universales desvinculados de España

• Tampoco lo hará si están siendo investigados por otro país u organismo
• Entran en vigor las nuevas limitaciones de la jurisdicción universal española
• En la actualidad tramitaba los crímenes de Gaza o torturas de Guantánamo
• Otras modificaciones pretenden agilizar el trabajo en los tribunales

Este jueves entran en vigor las modificaciones que limitan la aplicación del principio de jurisdicción universal en la Audiencia Nacional, ley que persigue delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros.

A partir de ahora, con la reforma del artículo 23 de la LOPJ, los jueces de la Audiencia Nacional sólo podrán perseguir dichos delitos cuando exista algún vínculo con nuestro país y no esté siendo inverstigado por otro organismo.

Es decir, limitará su actuación a casos en los que haya víctimas españolas o los responsables se encuentren en España, pero además tampoco podrán actuar si se ha abierto una "persecución efectiva" de los mismos hechos en el país donde se han cometido o en un tribunal internacional.

Igualmente, si el país implicado o un tribunal internacional abre otro proceso sobre los mismos delitos la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa.

En la actualidad, la Audiencia Nacional tramita una quincena de causas bajo el principio de la jurisdicción universal, que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet o de crímenes de guerra en Gaza, las torturas en Guantánamo o, más recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.

Israel fue el primer país en anunciar que España limitaría la aplicación de su jurisdicción universal en enero, pero Moncloa lo negó entonces. Explicó que sólo harían "ajustes procesales" que no afectarían al proceso abierto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra mandos israelíes por un ataque en Gaza en 2002, un caso que tensó las relaciones entre los dos países.

El número dos de la Embajada española en Israel, Juan González Barba, denunció "abusos" en la implicación de la Justicia española sobre los supuestos crímenes israelíes en Gaza, algo que provocó "casos muy difíciles, diplomáticamente hablando, para España".

Fue la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, quien desveló que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comentado en una conversación telefónica que cambiaría la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.

Especialización en violencia de género

La citada ley orgánica, publicada este miércoles en el BOE, incluye además una serie de medidas para agilizar el trabajo de los tribunales que también entran en vigor.

Entre otras cosas, destaca la creación de la figura del "juez de adscripción territorial", que ejercerá sus funciones en las plazas vacantes y actuará como refuerzo en los órganos que lo necesiten.

Además se prevé la especialización de los Juzgados con competencia exclusiva en violencia sobre la mujer a través de la formación obligatoria.

También se introducen algunas mejoras para la carrera judicial con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, entre ellas la supresión del traslado forzoso por ascenso o la equiparación del sistema de vacaciones al régimen del que disfrutan el resto de los funcionarios públicos.

Pagar los recursos por adelantado

Otra de las medidas es el establecimiento de un depósito previo a la interposición de recursos con el que se pretende disuadir a quienes recurran "sin fundamento jurídico alguno" para no prolongar el proceso.

Desde ahora, para presentar un recurso de queja deberá pagarse un deposito de 30 euros, que ascenderá a 50 euros si el recurso es de apelación, de rescisión de sentencia, de casación, revisión o por infracción procesal.

Los ingresos que se generen a través de estos recursos se destinarán directamente al proceso de modernización de la Justicia, a financiar el beneficio de la justicia gratuita y a la creación de un sistema informático que garantice la conectividad entre los distintos órganos judiciales.

El BOE también publica la ley de reformas procesales aprobadas para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que persiguen descargar de trabajo a los jueces y magistrados para que éstos puedan dedicar todos sus esfuerzos a "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

El proyecto, que en este caso entrará en vigor dentro de seis meses, atribuye a otros funcionarios las responsabilidades que no tienen carácter jurisdiccional, tareas en las que jugarán un papel de "primer orden" los secretarios judiciales.