SITEL en doce preguntas

¿Qué es SITEL?

SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica) es una estructura para realizar escuchas telefónicas que incluye dos centros de monitorización, salas de monitorización y terminales remotos distribuidos. Centraliza la información recibida de las facilidades de interceptación que las operadoras de telefonía (TME, Amena, Vodafone y Telefónica de España) han incorporado a sus redes.

En la práctica el 'software espía' forma parte de los programas que hacen funcionar las redes; cuando es activado, este software envía copia de toda la información relevante a las salas y centros de monitorización a través de las terminales remotas. En estos centros la información es controlada, seleccionada y enviada al juzgado correspondiente, al parecer mediante DVDs grabados.

¿Para qué sirve?

Para interceptar y analizar cualquier tipo de comunicaciones digitales (llamadas telefónicas de fijos y móviles, mensajes de texto e imagen, localización geográfica en el caso de móviles, etc.). No consta, pero es probable, que el sistema tenga capacidad de interceptar comunicaciones de Internet como correo electrónico y navegación web (al estilo del estadounidense Carnivore.

¿Quién lo encargó?

El Ministerio del Interior el 24 de octubre de 2001, firmando en su representación el entonces ministro Mariano Rajoy. Sus especificaciones técnicas fueron por tanto decididas por el entonces gobierno del PP.

¿A quién se encargó y cuánto costó?

A la empresa danesa ETI A/S, especializada en soluciones informáticas y de telecomunicaciones para fuerzas policiales. La compañía tiene su sede en Sundby, Dinamarca, y oficinas en varios países, entre ellos España. El precio acordado fueron 9.825.975 euros.

¿Cuándo entró en funcionamiento?

El contrato original daba una fecha de entrega del 31 de marzo de 2003. Dos sucesivos aplazamientos alargaron el plazo, primero hasta el 30 de septiembre de 2003 y después hasta el 30 de noviembre de 2003. La razón de los retrasos fue que las operadoras de red no habían instalado los correspondientes sistemas de interceptación en sus redes.

Ambos aplazamientos fueron firmados por Maria Dolores de Cospedal, en su calidad de subsecretaria del Ministerio del Interior. Fuentes de la Guardia Civil citadas por El País afirman que el sistema se empleó en febrero de 2004 en una operación antidroga en Galicia, siendo ministro del Interior Ángel Acebes. El PP afirma que su Gobierno no empleó SITEL, que habría entrado en funcionamiento en diciembre de 2004.

¿Se ha empleado en el Caso Gürtel?

Sí. El sistema, el único con el que cuentan las Fuerzas de Seguridad españolas, está diseñado para interceptar comunicaciones telefónicas en el ámbito de investigaciones judiciales. Por tanto las escuchas realizadas en el Caso Gürtel han sido realizadas con SITEL, bajo control judicial.

¿Es ilegal?

Las escuchas en sí no son ilegales ni inconstitucionales, ya que están específicamente reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de Control Judicial Previo del CNI. El reglamento, contenido en el capítulo II del título V del Real Decreto 424/2005, establece los procedimientos y las medidas a adoptar por los operadores que reciben una orden judicial de interceptación legal de las comunicaciones.

Este reglamento fue impugnado por la Asociación de Internautas, que alegó entre otras cosas que era ilegal por carecer del rango de Ley Orgánica necesario para afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Una sentencia de la sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo rechazó en febrero de 2008 este argumento, así como la alegación de que determinados artículos del reglamento vulneraban el derecho al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva. Esta sentencia declara por tanto que no es necesaria una ley orgánica para regular SITEL.

¿Cuáles son las acusaciones del PP?

La afirmación más grave del Partido Popular es que SITEL se está usando fuera del control judicial para realizar tareas de espionaje político. Pero además acusa al sistema de violar la privacidad de los ciudadanos, al almacenar datos como su situación geográfica. También ha cuestionado que sea un agente policial o de inteligencia el que seleccione qué información se envía al juzgado y cuál no, y desconfía de lo que ocurre con los datos descartados.

Por último, alega que el uso mismo del sistema es ilegal e inconstitucional, por vulnerar el secreto de las comunicaciones y porque el reglamento carece del

rango de ley orgánica. Reconoce que se encargó su construcción cuando ellos estaban en el poder,  pero afirman que no lo llegaron a utilizar por existir dudas sobre su legalidad.

¿Hay antecedentes de escuchas ilegales en España?

Varios. Por ejemplo, funcionarios de la Ertzaintza grabaron en 1986 conversaciones del entonces Lehendakari Carlos Garaikoetxea. En 1993 un ex-coronel del servicio de espionaje (llamado CESID en la época) grabó ilegalmente llamadas para chantajear a los propietarios del diario La Vanguardia.

Pero el caso con mayor repercusión fue el de las llamadas 'Escuchas del CESID', cuando el diario El Mundo denunció en 1995 que se habían realizado escuchas ilegales a altos cargos y autoridades del Estado desde 1984. El caso le costó el puesto al entonces director del CESID, general Manglano,  al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al vicepresidente Narcís Serra.

¿Hay sistemas como SITEL en otros países?

Sí. Casi todos los países disponen de sistemas de escuchas telefónicas para ayudar en sus investigaciones judiciales desde hace décadas. La actividad está fuertemente regulada en los regímenes democráticos, con la exigencia de que se realice bajo estricta supervisión judicial. Las operadoras telefónicas están obligadas por ley a dar acceso a sus redes a las fuerzas policiales cuando un juez lo solicita.

Las nuevas redes telefónicas digitales facilitan este acceso, ya que no es necesario llevar a cabo una interceptación física para acceder a las comunicaciones: basta con un simple programa informático.

¿Ha habido abusos en otros países?

En todo el mundo abundan las acusaciones y sospechas de escuchas telefónicas sin control judicial, en especial por parte de los servicios secretos. En Francia ha habido varios casos de escuchas con finalidades políticas, por ejemplo durante la presidencia Miterrand. En el Reino Unido se grabaron conversaciones íntimas del heredero de la corona, e incluso periódicos han llevado a cabo escuchas ilegales.

En los EE UU se sospecha que entidades como la National Security Agency han usado sistemas de escuchas ilegales adjuntos a las mismas redes telefónicas, del estilo de la Habitación 641A, una instalación situada en un edificio de la telefónica SBC en San Francisco.

En Grecia, durante las Olimpiadas de 2004 y después, más de 100 teléfonos móviles pertenecientes a autoridades (incluyendo el Primer Ministro de la época, Kostas Karamanlis) fueron espiados mediante un sistema informático no autorizado instalado en la red de la telefónica Vodafone. Jamás se llegó a averiguar

quién estaba detrás, aunque se sospechó de servicios secretos extranjeros, y Vodafone Grecia fue multada.

¿Cuál es la clave del problema? 

El control sobre las interceptaciones y de qué manera se ejerce.  El verdadero problema es jurídico, no técnico: se trata de asegurar que sólo se intercepten aquellas conversaciones de aquellos teléfonos que el juez ha autorizado en el ámbito de una investigación, y que la información resultante esté controlada. El Gobierno afirma que SITEL es una herramienta legal que se usa tan sólo bajo estricto control judicial, garantizado por las leyes y reglamentos pertinentes. El PP pone en duda que éste sea el caso.