El Salvador reconoce su responsabilidad en el asesinato del arzobispo Romero

• El arzobispo Romero fue asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte
• La CIDH ha recomendado realizar una investigación imparcial y efectiva
• Con el fin de juzgar a los autores sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada

El Salvador ha dado un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas, al reconocer públicamente su responsabilidad en el caso del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, ejecutado extrajudicialmente cuando oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por agentes del Estado que integraban escuadrones de la muerte.

En una audiencia de seguimiento del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno del presidente Mauricio Funes, ha afirmado que reconoce "plenamente" la autoridad del organismo y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.

La Comisión ha recomendado al Gobierno salvadoreño que realice de manera expedita una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía decretada.

Cumplir las recomendaciones de la Comisión

También ha ordenado al Estado que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.

En este sentido, el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, David Morales, acompañado por su subdirectora, Tania Camila Rosa, y el embajador de El Salvador ante la OEA, Luis Menéndez-Castro, ha transmitido a la CIDH el compromiso del Gobierno del presidente Mauricio Funes "de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades" las recomendaciones de la Comisión.

La Comisión de la Verdad señaló como autor intelectual del asesinato de Romero al fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, Roberto D'Aubuisson, pero la Ley de Amnistía, aprobada un año después de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil en el país (1980-1992), dejó en impunidad ese crimen cometido.

Las recomendaciones no fueron cumplidas por las últimas administraciones de ARENA, partido que gobernó el país desde 1989 hasta el pasado 1 de junio, cuando asumió Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Nueva etapa de diálogo

Ahora, el Gobierno de Funes se ha comprometido a iniciar una "nueva etapa de diálogo" en El Salvador con los familiares de las víctimas, así como con diversas instituciones religiosas y sociales y con el arzobispado, entre otros afectados, ha señalado Rosa.

A través del canciller, Hugo Martínez, ha explicado que se creará una mesa de coordinación de trabajo con ambas entidades para que incorporen en su agenda las recomendaciones de la CIDH y para que la ley sea reconsiderada.

Por su parte, ha prometido crear una comisión plural para crear una plaza estatal en homenaje del monseñor Romero, así como a difundir un vídeo sobre su vida, una exigencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Por último, ha asegurado que con este paso el Estado salvadoreño quiere iniciar "una nueva era de relaciones" con las víctimas y los organismos de derechos humanos.

“Este reconocimiento representa un hecho histórico“

Este reconocimiento del Gobierno representa un "hecho histórico" y "un paso inicial hacia la reparación" de las víctimas, así como para el cumplimiento de todas las recomendaciones de la CIDH, ha señalado Gisela Leónen del CEJIL.

Felipe González, miembro de la CIDH, ha dicho por su parte que la Comisión "aprecia mucho el cambio de actitud" del Estado y su disposición a satisfacer sus recomendaciones.