El PSPV se querella contra Camps, altos cargos y empresarios por financiación irregular

• Aseguran que la querella cuenta con el apoyo de la dirección del PSOE
• Varios empresarios, entre los 17 incluidos en las investigaciones
• Esperan confirmar "que el asunto de los trajes era la punta del iceberg"

Fotografía de archivo del presidente de Francisco Camps, junto a Ricardo Costa.

El PSPV-PSOE ha presentado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una querella por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra el president de la Generalitat, Francisco Camps y otras 16 personas.

Según ha anunciado el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, la querella también se dirige contra otros dirigentes del PP como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; miembros del Consell como el vicepresidente Vicente Rambla, dirigentes de la trama "Gürtel" como Francisco Correa y Álvaro Pérez, y constructoras como FACSA, Enrique Ortiz, Sedesa y Lubasa.

Luna ha explicado en una rueda de prensa que la querella, firmada por cuatro diputados de la dirección del grupo parlamentario socialista, cuenta con el respaldo de la dirección del PSOE y se presenta después de no poder realizar "un control político" de los hechos denunciados en diferentes informes de la Policía Judicial sobre una supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, anunció la presentación de esta querella en un encuentro con periodistas celebrado en Madrid el pasado 20 de octubre. Entonces, el líder de los socialistas valencianos explicó que el objetivo de la iniciativa es que se investigue "plenamente" el informe de la Policía que apunta a una financiación irregular de actos del PP valenciano en relación con la trama Gürtel.

Varios empresarios, incluidos en la querella

La querella también va dirigida contra la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Salvadora Ibars, el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y otros dirigentes de firmas relacionadas con la trama, como Cándido Herrero, Pablo Crespo o José Luis Izquierdos.

Asimismo se dirige al grupo empresarial PIAF, que como el resto de compañías mencionadas anteriormente tenía contratos públicos con la Generalitat y contribuía a "sufragar la financiación ilegal de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunitat Valenciana", según ha indicado Luna.

La decisión de incluir a los empresarios en la querella se debe a que el PSPV considera que "no sería ni serio ni razonable" dejar fuera de la querella "a los autores de algunas de esas conductas que aparecen" en los citados informes, ya que "cuando se reciben presiones ilegales hay que saber aguantarlas".

El portavoz parlamentario ha precisado que cuando llegue el momento de hacer la calificación de los delitos que se imputan a estas empresas "se puedan regular las consecuencias penales de estos hechos con el juego de los agravantes y los atenuantes".

Esperan confirmar "que el asunto de los trajes era la punta del iceberg"

El socialista ha fundamentado la denuncia en distintos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, así como en declaraciones judiciales y conversaciones telefónicas que a su juicio "ponen de manifiesto la vinculación estrecha entre la trama 'Gürtel' y la dirección del PPCV, con el presidente Camps a la cabeza".

En su opinión, también hay pruebas de una relación entre la trama y el Consell "en el establecimiento de un sistema de financiación de los actos que Orange Market hacía para el PPCV a partir de una doble facturación que ha permitido que la mayor parte de la actividad propagandística del PP permaneciera al margen de la legalidad".

El portavoz, quien también ha citado la "obtención de beneficios económicos a partir de contratos públicos" que luego se "sacaban de España y colocaban en paraísos fiscales", ha insistido en que los informes policiales son "contundentes" y ha rechazado que puedan considerarse "un montaje ni un invento".

Luna se ha mostrado convencido de que las diligencias que puedan derivarse de la aceptación de esta querella permitirá "probar que hay otros actos delictivos que se han cometido además de los que están descritos en los informes" y confirmarán que "el asunto de los trajes era la punta del iceberg".