Ocaña aboga por moderación salarial y reformas estructurales para recuperar el crecimiento

• El secretario de Estado de Hacienda afirma que impulsaría la competitividad
• Así, ha apelado a ligar "estrictamente" los aumentos a la productividad
• Del déficit, ha dicho que la retirada de estímulos lo reducirá en cuatro puntos

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha abogado por la moderación salarial y las reformas estructurales para recuperar la competitividad de la economía española.

Ocaña ha explicado, durante su intervención en el Foro Cinco Días, que hasta ahora la evolución de los salarios no se ha mostrado "sensible" al ciclo económico y por ello, en el futuro, los costes laborales unitarios deberán estar "estrictamente ligados" al incremento de la productividad.

Además, el secretario de Estado ha señalado que la economía debe ser más "flexible" para ganar en competitividad, lo que, dijo, exige reformas estructurales. Entre los futuros cambios, Ocaña ha apuntado a las "reformas laborales esenciales" que se desarrollarán el marco del diálogo social, si bien eludió definirlas por no ser de su competencia.

Asimismo, ha comentado que la recuperación se iniciará "previsiblemente" en el sector exterior debido a la evolución positiva del comercio exterior y se extenderá a la demanda interna a través del consumo y la inversión privada, aunque esto último llevará "algún tiempo".

La retirada de los estímulos moderará el déficit

Ocaña también se ha referido al déficit público, estimando que la retirada de los estímulos para paliar la crisis económica lo reducirá en cuatro puntos en los próximos años.

Así, ha reiterado que en 2009 no superará el 9,5%, asegurando que las medidas para corregirlo permitirán cumplir con el Pacto de Estabilidad, que marca un límite del 3% del PIB para 2012 y que en algunos países como España podría prorrogarse a 2013.

En su opinión, la recaudación por impuestos aliviará la carga del déficit presupuestario en un punto, por lo que quedarían pendientes aún otros dos puntos, unos 20.000 millones de euros. El gasto extra que suponen estos 20.000 millones, ha dicho Ocaña, debería repartirse entre las administraciones públicas, esto es, con comunidades autónomas y ayuntamientos.