Anticorrupción pide a Garzón que impute a nuevas personas en el caso Pretoria

• Se trata de la operación urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet
• Algunos de los nuevos investigados son o han sido cargos públicos
• Entre ellos, el gerente del Instituto Catalán del Suelo o ex concejales
• De los nueve imputados hasta ahora, cinco están en prisión

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la imputación de nuevas personas en la llamada "operación Pretoria", en la que se investiga una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas.

Ha sido el último gran golpe contra la corrupción urbanística y ha puesto al descubierto una trama en la que presuntamente están implicados políticos, funcionarios municipales, constructores y ex altos cargos de la Generalitat. Una antigua investigación de la Audiencia Nacional, que seguía la pista a la evasión de capitales en paraísos fiscales, acabó llevando hasta Santa Coloma de Gramenet. Su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, el concejal de urbanismo y dos veteranos políticos de Convergencia, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta llevan más de una semana en prisión incondicional acusados de haber organizado una red que lograba modificaciones en los planes urbanísticos, cobraba comisiones millonarias y por último, evadía el dinero a paraísos fiscales. Un negocio redondo que ha desbaratado la Fiscalía Anticorrupción. Cuando se creó, en el año 2005, se ocupaba de un centenar de casos. Hoy, el número de procedimientos abiertos casi se ha triplicado. (07/11/09).

Algunas de ellas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".

Otro de los políticos citados en la resolución de Garzón es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.

También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez,  ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.

Además, Garzón relacionaba a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació S.L., de la que ambos eran administradores solidarios

La petición de más imputaciones se hace en respuesta a la solicitud formulada por el magistrado el pasado día 10 y "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos", según un comunicado de la Fiscalía, en el que no se precisa ni el número ni el nombre de los nuevos acusados.

De los nueve imputados hasta ahora, cinco están en prisión

Hasta ahora, en la causa figuraban nueve imputados, cinco de los cuales están en prisión incondicional: los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, el ex concejal de Urbanismo en esa localidad Manuel Dobarco y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decretado prisión para cinco de los acusados en la trama de corrupción de Santa Coloma de Gramenet, entre ellos el alcalde de la localidad, el socialista Bartomeu Muñoz. La indignación se palpa en la localidad barcelonesa, desde la que se defraudaron unos 45 millones de euros.

Los otros cuatro -los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela- permanecen en libertad bajo fianza.

Sin embargo, en el auto en el que el pasado 30 de octubre ordenó el ingreso en prisión incondicional de cinco de los primeros nueve imputados y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, Garzón ya advertía de que, además de las de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había "otras operaciones que también están siendo investigadas".

Otra de las personas a las que se cita en el auto es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona S.A. y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".

Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluis Renau Folch -este último fue director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.

También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting S.L., en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte.

Por último, fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.