Grande-Marlaska ordena prisión para otros once miembros de la organización juvenil Segi

• Fueron detenidos el pasado martes en el País Vasco y Navarra
• El magistrado ha tomado la decisión tras tomarles declaración
• Ya ha enviado a prisión a 11 de los 13 acusados
• Se les imputa delitos de integración o colaboración terrorista

La llegada de los miembos de Segi a la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión incondicional de otros once supuestos miembros de la organización juvenil ilegalizada Segi, detenidos el pasado martes en el País Vasco y Navarra, según han informado fuentes jurídicas.

La organización, declarada ilegal por el Supremo, estaba intentando ser reconstruida de nuevo. Hay 34 detenidos en varias localidades vascas y navarras.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomarles declaración durante todo el día y después de que el pasado jueves enviara a la cárcel a once de los trece acusados a los que tomó declaración y a los que imputó delitos de integración o colaboración terrorista.

A los once acusados interrogados este viernes, Marlaska los acusa de un delito de integración terrorista, según las mismas fuentes, que han añadido que los detenidos ingresarán en las cárceles de Soto del Real y de Alcalá Meco.

El magistrado también dejó el pasado jueves en libertad a Oihana Fernández Iturri y a Raúl Iriarte Rodrigo -acusados de colaboración terrorista- y les impuso comparecencias semanales en el juzgado, la obligación de comunicar su domicilio y les prohibió abandonar el territorio nacional.

Esta decisión fue contraria al criterio del fiscal Luis Barroso, que pidió el ingreso en prisión incondicional para los 13 detenidos, quienes negaron su pertenencia a Segi, sucesora de las también ilegalizadas Jarrai y Haika y declarada terrorista por el Supremo en 2007.

Marlaska interrogará el próximo sábado a otros diez detenidos, con lo que concluirá así los interrogatorios de los 34 arrestados el pasado martes en una operación desarrollada conjuntamente por la Policía y la Guardia Civil y llevada a cabo a partir de la documentación incautada al responsable del aparato político de ETA Ekaitz Sirvent, detenido el pasado mes de abril en París.