Cultura podrá cerrar las webs de descarga sin necesidad de autorización judicial

• La medida se 'cuela' en la Ley de Economía sostenible
• Un organismo del ministerio podrá cerrar las páginas que  vulneren "la propiedad intelectual"
• González-Sinde asegura que "no se va a cortar internet a ningún usuario"
• Texto íntegro de la propuesta de modificación de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información
• Análisis: "Censura de tapadillo, sin juez e inútil"

"Cerrar internet"

Javier de la Cueva, abogado especializado en propiedad intelectual, explica que esta ley "va a generar una reacción en temas de criptografía y redes privadas virtuales". El letrado asegura que la ley nunca podrá "acabar con el sistema de intercambio de archivos, ya que los usuarios en lugar de utilizar estas webs usarán programas de P2P" por lo que "tiene pocos efectos prácticos" pero sí de "perversión de la libertad de expresión". El abogado añade que pueden "quitar el índice pero no quitarán los contenidos. Se ataca la superficie, pero no a las tripas de internet". De la Cueva explica que la "apariencia del sueño de un internet libre puede ser cambiada, pero la realidad de este sueño sigue estando vigente" ya que el "único sistema para evitar el intercambio de archivos sería cerrar internet".

El proyecto de la nueva Ley de Economía Sostenible, que se presenta este miércoles en el Congreso, incluye una polémica modificación desconocida hasta hoy en la Ley de Servicios de la Sociedad de Información que implica el posible cierre de las webs de descargas por decisión de un organismo especializado sin necesidad de autorización judicial.

El proyecto de Ley incluye como novedad el cierre de webs que ataquen la propiedad intelectual, lo que afectaría directamente a las webs de descargas de películas, música, etc.

Hasta ahora, la legislación contempla interrumpir el servicio de páginas webs en los siguientes casos:

1. La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional
2. La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores
3. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social
4. La protección de la juventud y de la infancia.

Como explica David Bravo, abogado especialista en las relaciones entre el derecho y la tecnología, hasta el momento estas restricciones eran "excepcionales por su gravedad: racismo, pornografía infantil, delitos contra el orden público.".

Pero en una disposición adicional de este plan económico del Gobierno se ha introducido una quinta razón: "La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

Esto se traduce en que el Gobierno legalizaría el cierre de páginas que considere que pueden violar los derechos de autor.

Bravo aclara a rtve.es que esta modificación no afecta directamente a los internautas que consultan estas páginas sino a los "prestadores de estos servicios, los responsables de estas páginas con enlaces P2P, que son a los que va dirigida esta ley".

Además, estas modificaciones involucran a las operadoras, ya que les obliga facilitar "los datos de que dispongan".

Cultura decidirá

Para velar por los derechos de los autores en Internet en una disposición adicional de la Ley de Propiedad Intelectual se introduce que será Cultura quien asuma estas competencias y no un juez.

“Se creará un nuevo órgano dependiente de Cultura que se encargará de decidir que webs vulneran los derechos de autor“

El ministerio contará para ello con un nuevo órgano: la Comisión de Propiedad Intelectual. Un "organo colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley."

Tras el revuelo armado al conocerse la noticia, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha tenido que salir al paso ante los medios y ha insistido en que el proyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de autor de obras ajenas.

David Bravo expresa su "más absoluta sorpresa ante el descaro que supone sacar una ley así".

El abogado explica que "el Ministerio de Cultura ya intentó la persecución de estas páginas con una redada a las webs de e-links. Sin embargo los jueces declararon que no eran delictivas".

“Cultura está diciendo a la sociedad de autores: "no te preocupes por estos casos" porque mañana las voy a cerrar yo“

"Con esta modificación lo que el Ministerio de Cultura está diciendo a la sociedad de autores es "no te preocupes por estos casos" porque mañana las voy a cerrar yo", se quita así del medio a los jueces", afirma Bravo.

Estas modificaciones, incluidas en una Ley contra la crisis, han pillado totalmente por sorpresa a los internautas.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, afirma que esta Ley está hecha con "encaje de bolillos". Lo más preocupante, según Domingo es que estos cambios "ponen en solfa los derechos fundamentales".

Para la Asociación de Internautas "no estamos hablando de intercambios de archivos, sino de que esta ley puede afectar a los derechos fundamentales" como el derecho a la privacidad en las comunicaciones.

Domingo advierte en declaraciones a rtve.es de que la aprobación de esta Ley causaría una gran brecha "con los internautas" y asegura que si sale adelante se va a producir "una respuesta beligerante".

El abogado David Bravo añade que duda de que "esta sea la única modificación que se haga hasta final de año porque hay varios agujeros en esta ley".

Afirma que cabe esperar que la administración se vea superada por la denuncia masiva de "paginas con e-links" (enlaces de descarga P2P) porque vulneren los derechos de autor.

"Si son denunciadas, ya sabemos lo que este órgano dependiente de Cultura decidirá sobre ellas", advierte Bravo.

"Los legisladores son idiotas"

Javier de la Cueva, abogado especializado en propiedad intelectual, explica en declaraciones a rtve.es que los "legisladores son idiotas porque no saben cómo funciona internet".

El Gobierno "acaba de exponer su mayor fascismo", añade de la Cueva que explica que la base del problema de esta modificación de la Ley está en que arremete contra "la figura del enlace".

“Un enlace jamás vulnera la propiedad intelectual“

Por ello el primer afectado por esta ley sería "Google, que es la web de enlaces por excelencia" y esta comisión dependiente de cultura decidiría "si vulnera o no la propiedad intelectual".

"Es una vuelta a la Prehistoria", añade de la Cueva que afirma contundentemente que "un enlace jamás vulnera la propiedad intelectual".