Lisboa deja a Zapatero sin 'encuentro planetario'...sobre el papel
- El nuevo tratado europeo reduce las funciones de los presidentes de turno
- Los ministros tendrán más importancia que el presidente del Gobierno
- El 1 de diciembre de 2009 es la fecha del fin del debate institucional europeo
- El Parlamento Europeo gana competencias y podrá tumbar comisarios
- Los ciudadanos podrán elevar propuestas a la Comisión
- Nace el servicio diplomático europeo a las órdenes de la británica Ashton
Cuando se reúna el próximo Consejo Europeo en Bruselas, en el sitio donde se coloca el presidente de turno habrá dos sillas: en una estará sentada la persona que a partir de este martes y hasta nueva orden presidirá sobre el papel la reunión; a su lado, el presidente del país que ostenta la Presidencia de turno, destinado a un papel secundario.
El azar ha querido que la ruleta de la primera presidencia rotatoria desvestida del boato de ser presidente de la UE durante seis meses sea la española y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que conformarse con estar en segundo plano tras el belga Van Rampuy. La 'culpa' la tiene el Tratado de Lisboa, que tras ocho años de interminable debate institucional entra en vigor a partir del 1 de diciembre.
Los ministros, más importantes que Zapatero
"Zapatero, de acuerdo con el tratado, no tiene ninguna función", responde Ignacio Molina, investigador principal sobre Europa del Real Instituto Elcano, que pone un ejemplo muy gráfico de lo que supone Lisboa en términos estrictos para el semestre de proyección internacional de nuestro presidente: "Zapatero no es el teléfono de Europa que Obama tendrá que marcar".
Tampoco lo será el del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que cederá la presidencia del consejo de ministros europeo más importante, el de Exteriores, a la británica Catherine Ashton, que se estrena como 'superministra' de Exteriores de la UE.
Curiosamente, el resto de ministros tendrá mayor peso que Moratinos y Zapatero, ya que sí presidirán sus respectivos consejos de ministros al no haber un presidente permanente.
La presencia de Van Rampuy y Ashton en los dos puestos 'estrella' del Tratado de Lisboa ha centrado el debate previo a su entrada en vigor, sobre todo las dudas que genera su bajo perfil, que indirectamente beneficia a España, que podrá asumir un mayor protagonismo en una presidencia de transición para los dos nuevos cargos.
"La sensación que queda es que los estados pudiendo hacer una UE fuerte no han querido hacerlo", reconoce Molina que, con todo, subraya que estos nombramientos tienen algo bueno: "Por fin se puede empezar a hablar de las políticas que les interesan a los ciudadanos".
Un largo camino
Y es que con la cumbre especial en la que se acordó el nombramiento del belga y la británica se despejó el último obstáculo de un largo camino institucional que a punto ha estado de dejar el proyecto europeo en la cuneta.
Esta transformación, que arranca en 2001 con el Tratado de Niza y llegó en 2005 a su máxima expresión con la firma y el fracaso de la Constitución Europea al ser rechazada por Holanda y Francia en referéndum, supone una verdadera revolución interna en los mecanismos comunitarios.
El nuevo tratado suprime la posibilidad del veto nacional, una amenaza de parálisis constante en una Europa de 27, en favor de las decisiones por mayoría cualificada en el seno del Consejo Europeo, el máximo órgano de decisión europeo y formado por los presidentes de los países miembros.
Así, se establece un nuevo sistema de votación según el cual una decisión necesita de una mayoría cualificada del 55% de los estados que representen un 65% de la población, aunque el sistema no entrará en vigor hasta 2014.
Más inmediata será la aplicación práctica de las nuevas competencias del Parlamento Europeo, que podrá 'tumbar' a los comisarios propuestos por el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, a partir de enero.
"Es más interesante que una investidura nacional porque aquí no existe disciplina de voto y algún comisario se puede caer", detalla el investigador del Elcano.
Además, la Eurocámara podrá codecidir con el Consejo Europeo en asuntos que hasta ahora le estaba vedados, como los de Justicia e Interior y, sobre todo, meter mano en el tema de la política agrícola.
Iniciativas ciudadanas
Pero no solo el Parlamento Europeo gana competencias, también los nacionales, que pueden abrir un protocolo para estar informados de manera más directa sobre las decisiones de la UE.
Sin embargo, la medida estrella de esta apertura democrática de la UE es la posibilidad de que iniciativas populares europeas que tengan la firma de un millón de ciudadanos puedan ser discutidas por la Comisión Europea, a las que se le invitaría a convertir la propuesta en iniciativa legislativa.
Esta apertura democrática puede colocar al ejecutivo comunitario en situaciones incómodas, como posibles iniciativas de grupos ecologistas contra los toros o de peticiones de prohibición de los minaretes como la aprobada en Suiza.
Nace la diplomacia europea
Más allá de estos mecanismos de democratización, el 1 de diciembre será también la fecha del nacimiento del nuevo servicio diplomático europeo, lo que supondrá la apertura de embajadas de la UE en el exterior.
Con el nombramiento de Ashton, esto supone un intento más de que Europa tenga una única voz en el mundo, "un paso positivo pero no una solución mágica", a juicio de Richard Youngs, de FRIDE.
"La UE necesitaba un teléfono donde llamar pero también algo más sofisticado que decir sobre los problemas del mundo", comenta Youngs en alusión al principal problema que sigue viendo en la política exterior europea: su falta de coherencia.
Al menos, sobre el papel se ha ganado también algo en ese sentido, ya que Lisboa incluye de manera específica la posibilidad de los países descontentos con el proyecto europeo puedan irse, en clara alusión a los lugares más euroescépticos del continente, que han estado dilatando la aprobación del tratado hasta el final.
La principal diana de sus 'peros' ha sido la Carta de Derechos Fundamentales, para la que Reino Unido, Irlanda, Polonia y República Checa han conseguido mecanismos de 'opt-out', es decir, que no les afecten en sus territorios.
"En realidad esta medida perjudica a sus ciudadanos porque no es una carta para toda Europa sino para la UE en relación con los ciudadanos", señala Molina.
Con todo, finalmente el resto de países ha aceptado todas y cada una de estas salvaguardias con el objetivo de que Lisboa no se convirtiese en la particular Waterloo del proyecto europeo. "Ahora ya podemos respirar tranquilos: Europa ha salvado los muebles", resume el investigador del Real Instituto Elcano.